La próxima semana habrá un pleno extraordinario de la Junta General del Principado para debatir sobre la financiación singular de Cataluña, que es tanto como decir la principal amenaza que se cierne sobre el sistema de bienestar de Asturias, con una incidencia directa en la sanidad, la educación y los servicios sociales, así como sobre la inversión pública, elemento tractor de la economía regional. Si la financiación pactada por el Gobierno con la Generalitat se aplica, el Principado tendrá una pérdida drástica de recursos, de muy difícil compensación por la vía del aumento de la presión fiscal y el recurso de la deuda.

El pleno extraordinario es producto de una petición del PP y Foro de obligada concesión al estar solicitada por más de una cuarta parte de los diputados del Parlamento asturiano. Los grupos del centro-derecha quieren que el presidente del Principado y el ministro de Hacienda comparezcan ante la Cámara, aunque Adrián Barbón puede limitarse a delegar en su consejero, Guillermo Peláez, al estar sólo obligado a contestar a preguntas de los plenos ordinarios y de los debates sobre el estado de la región. Dada la importancia del asunto, y la ausencia de declaraciones del presidente del Gobierno sobre este tema, bueno sería que no se refugiara en disculpas reglamentistas para evitar compromisos. El centro-derecha va a presentar una proposición no de ley que critica la debilidad del Ejecutivo ante las demandas de los independentistas y propone cuatro puntos que obligan a la Junta General del Principado a rechazar la financiación singular catalana.

Lo más importante del pleno extraordinario es aunar al mayor número posible de diputados en el rechazo a la nueva financiación catalana, con cuatro puntos que marquen una línea roja para los representantes de los asturianos. Ante la gravedad de la situación es necesario que todos los grupos eviten la tentación de convertir la financiación singular catalana en arma arrojadiza para atacar a sus oponentes. Aquí el rival a neutralizar no está en nuestra región, sino en las instituciones catalanas y en el Gobierno de España. Desde el Parlamento asturiano hay que mandar un mensaje a los firmantes del pacto fiscal catalán diciendo que busquen aliados en otro territorio, porque en Asturias no los van a encontrar. Los socialistas van a llevar a la Cámara el texto aprobado hace un año contra el acuerdo, PSC-ERC. Por desgracia la situación ha evolucionado y hay que dar nuevas respuestas al desafío soberanista.