El presidente del Principado ha entrado a valorar, por primera vez, el acuerdo alcanzado en la comisión bilateral Estado-Generalitat sobre el nuevo sistema de financiación singular de Cataluña. Adrián Barbón nos sorprendió al hablar de una forma más coloquial de lo habitual, que sirve para que al ciudadano medio le sea más inteligible una materia densa, como es la financiación territorial, que se ha convertido en un terreno casi exclusivo de profesores de derecho financiero y tributario y de asesores de políticos.

Al presidente le parece que el texto del acuerdo es ambiguo y carente de datos. Una conclusión compartida con la mayoría de las personas que lo leyeron. Anunció su posición radicalmente contraria a la concesión de privilegios a otras comunidades (Cataluña) y a la salida del régimen común que rige para todas las regiones, menos el País Vasco y Navarra. Adrián Barbón no acepta que el Gobierno central abra una negociación bilateral con una región y, luego, el acuerdo se haga extensible a los demás. Este punto es interesante.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha afirmado que cada región podrá escoger el modelo de financiación que le parezca. Es evidente, que esa declaración es una falacia, ya que el pacto con Cataluña condiciona los ingresos del resto de territorios. No hace falta que nos obliguen a adherirnos a la fórmula pactada con la Generalitat, basta con que a Cataluña le conceda Pedro Sánchez la soberanía fiscal para que Asturias sea más pobre. Barbón es partidario de seguir un método distinto para acordar un modelo de financiación válido para todas las comunidades del régimen común: el Gobierno establecería una relación bilateral con todos los gobiernos autonómicos y tras finalizar la fase de diálogo propondría en el Consejo de Política Fiscal y Financiera un nuevo modelo de financiación. Llega tarde el consejo de Barbón, porque a estas alturas el Gobierno socialista y la Generalitat socialista ya han llegado a un acuerdo que sólo pueden echar abajo los miembros del Congreso de los Diputados y los tribunales de Justicia. Hay otra posibilidad: el colapso del sistema.

Barbón repitió lo que ya había dicho su consejero de Hacienda: «El PP debe volver al consenso y respaldar la postura que yo defiendo». Una formulación irreal. La postura de Barbón sólo la apoyan 23 diputados y otros 22 están en contra. Su primer deber sería negociar con todos, realizando transacciones, para evitar el espectáculo de la división ante propios y extraños.