De los dos plenos extraordinarios de la Junta General del Principado salieron dos conclusiones importantes. La primera es que todos los grupos, con la excepción de Vox, se unieron en el rechazo al acuerdo de financiación singular entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat. La discrepancia era obligada porque el Ejecutivo, por la vía de la bilateralidad, concede a Cataluña la gestión y recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y anuncia que lo mismo podrá hacerse con el resto de impuestos. Asturias, y otras regiones, saldría muy perjudicada al no poder contar con tantos recursos como ahora del sistema de financiación. Más del 90% de los diputados votaron a favor del rechazo en el Parlamento. Una respuesta contundente.

El otro hecho importante fue la actitud de los diputados del centro-derecha (PP, Foro), artífices del consenso parlamentario. Si se hubieran dejado llevar por el reflejo sectario de los grupos de izquierda, que rechazaron la proposición no de ley del PP, la larga sesión parlamentaria hubiera sido frustrante, con mucho discurso y ningún acuerdo.

El Gobierno, consciente del papel que jugaron unos (izquierda) y otros (derecha), intentó dar una versión sesgada de lo ocurrido. En eso se afanó el portavoz, Guillermo Peláez, que, aunque lleva poco tiempo en política, ya aprendió de sus mayores. El portavoz afirmó que la propuesta de la derecha no buscaba el consenso. Contaba con 22 votos, sólo le faltaba uno para la mayoría absoluta. No era una apoyatura escasa para negociar su aprobación. La izquierda también contaba con 22 sufragios y si resultó aprobada su propuesta no fue porque colmara las aspiraciones de la derecha, sino porque PP y Foro valoraron que por encima de cualquier otra consideración era necesario mandar un mensaje de rechazo al Gobierno.

Puestos a fabricar razones para explicar la negativa a la propuesta del PP, Peláez dijo que «nosotros vamos a luchar por la armonización fiscal». Pasa de puntillas por la soberanía fiscal catalana, que concentra la mayor desarmonización fiscal que quepa imaginar, y anuncia que va a luchar contra los que quieren bajar el Impuesto de Sucesiones, como reclama una mayoría de asturianos. Critica al PP porque, supuestamente, quiere que el Estado renuncie a todo ejercicio de soberanía sobre los impuestos de la riqueza y no se atreve a señalar con el dedo a los responsables de su partido que dan el visto bueno a la operación de centrifugación fiscal mayor de la historia. Penoso.