El Pacto por la Salud Mental del Principado de Asturias ha sido presentado en sociedad por sus participantes: Gobierno regional, grupos parlamentarios, ayuntamientos, sindicatos, sociedades médicas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Federación Asturiana de Concejos, asociaciones empresariales, entidades del tercer sector, etc. En la foto del periódico se ve la multitud de gente que participó en el acuerdo. La salud mental, además de ser materia de pacto entre un grupo heterogéneo de colectivos, va a tener también tratamiento de ley, estando su articulado en la fase de borrador.

Hace un par de años se aprobó el Plan de Salud Mental del Principado, que entre otras actuaciones contenía la contratación de 115 profesionales en la materia, de los que 23 eran psiquiatras y 24 psicólogos clínicos. El Principado dedicó una cantidad de recursos relevante para que las demandas crecientes de la sociedad sobre la salud mental tengan una atención oportuna. Por ejemplo, a los pocos meses de aprobar el Ministerio de Sanidad la especialidad de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, en el Huca ya se estaba aplicando, incluyendo la vertiente de docencia, con un médico que superó la prueba MIR formándose en el hospital. Al parecer, la pandemia ha contribuido a aumentar los problemas mentales de una población que ya de por sí acudía con más frecuencia que antaño a las consultas de psiquiatras y psicólogos. Mientras no se diga lo contrario, la respuesta del sistema al aumento de patologías es la correcta y, como se dice de otros profesionales, «hay que dejarlos trabajar».

Estoy seguro de que los representantes del centenar de administraciones, entidades y asociaciones que salen en la foto quieren colaborar con la mejor voluntad del mundo a dar una respuesta más eficaz a los trastornos mentales. Para eso formalizaron el pacto, aunque no sé si en Noruega, Canadá, Japón, Nueva Zelanda o Groenlandia se hacen acuerdos entre colectivos tan diversos y, la mayoría, tan escasamente familiarizados con la salud mental. A lo mejor en otros países no hace falta movilizar a colectivos tan dispares, basta con que el gobierno de turno tenga una relación fluida con los gerentes y los profesionales de los servicios de salud mental y no escatime recursos. Lo que en otros lados hacen los gobiernos y los profesionales, aquí lo resolvemos juntando cien firmas representativas. Somos la región de los pactos que no sabe llegar a acuerdos. Otro día hablaremos del decálogo.