La opinión de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) sobre los cambios fiscales del Gobierno sigue la línea del discurso mantenido por el empresariado asturiano desde hace muchos años. Quieren que la fiscalidad asturiana sea competitiva y estimule la inversión, el crecimiento y el empleo. A día de hoy los impuestos que se pagan en nuestra región son anticompetitivos, al ser, de media, más elevados de los que están en vigor en las comunidades autónomas limítrofes. Los ciudadanos y las empresas, cuando pueden elegir, se ubican en territorios donde los gravámenes fiscales son más bajos. No se puede captar mano de obra cualificada y empresas a partir de un tratamiento fiscal hostil. No recuerdo haber oído al Gobierno una reflexión en ese sentido. La Fade quiere que se ensanchen las bases imponibles y que no se haga la vida imposible a los que más ingresan, como premisas para aumentar la recaudación. Es evidente que el Principado, como cualquier otro gobierno, necesita obtener unos determinados ingresos para hacer frente a una elevada suma de gastos, pero incrementar la recaudación a base de subir los tipos fiscales solo funciona en el corto y en el medio plazo, porque negocios, empresas y profesionales aprovecharán las oportunidades que les otorgan otras regiones para residir en lugares con menor presión fiscal.

De estas cuestiones hay que discutir en la Junta General del Principado, evitando los discursos partidistas que aburren al personal. Espero que el Gobierno de coalición sepa decir algo más sustancial que los 119 euros que se ahorrarán de pagar los contribuyentes con ingresos inferiores a los 35.000 euros. Los portavoces del Ejecutivo no pueden conformarse con tamañas simplezas. La política tributaria debe ir más allá de aprobar deducciones para favorecer a personas afectadas por una determinada casuística.

Frente a todo lo anterior está el discurso de Tomé, que apuesta por una mayor presión fiscal para las rentas altas y no le parece bien que sea necesario esperar a que un ciudadano posea diez inmuebles para que la ley lo considere «gran tenedor». En los últimos años los grupos situados a la izquierda del PSOE entienden la actividad fiscal como parte de la política punitiva, convirtiendo el IRPF en un trasunto de multa para los que ganan más de una determinada cantidad de dinero. No les importa lo que se haga con el dinero de la «multa», les basta con que se penalice al supuesto rico. Este tipo de mentalidad, por simple, también es retardataria.