Por los datos que llegan no parece que la crisis de la vivienda (la imposibilidad de una parte sustancial de la población de acceder a un piso para residir de forma estable) tenga una rápida solución. Los estudios realizados por la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos indican que el precio del alquiler se ha situado en Asturias, de media, en 786 euros, lo que supone un aumento del 10,1% con respecto al año pasado. Se trata del tercer mayor incremento provincial. A la vez, la oferta de viviendas disminuye; la tendencia indica que al finalizar el año habrá 1.400 inmuebles menos que en 2024; Asturias está entre las provincias donde más se restringe la oferta. Aunque la demanda de viviendas en nuestra provincia no es tan elevada (33 personas interesadas por vivienda en diez días) como en Barcelona (437 interesados por vivienda), Las Palmas (141) o Madrid (106), las peticiones aumentan cada mes, estando ya por encima de provincias limítrofes, como León (17) o Cantabria (33).

Los datos son concluyentes. La crisis de la vivienda en Asturias se ha agudizado en mayor medida que en el conjunto de España. Si somos la tercera provincia con un superior aumento en el precio de la vivienda es porque el desfase entre los potenciales compradores y los oferentes crece con mayor intensidad. Lo más urgente es intervenir sobre la oferta, dando seguridad a los propietarios para que pongan los inmuebles en el mercado del alquiler; hay que evitar que en el próximo ejercicio desaparezcan otros 1.400 pisos del mercado. La inmensa mayoría de los inmuebles están en manos de propietarios particulares, así que sin su concurso no será posible satisfacer a tantas personas que carecen de un lugar para vivir. Me temo que, tanto en el Gobierno central, como en el Principado, tienen otros planes para acabar con la crisis.

Se van a desplegar dos estrategias. Una pasa por la declaración de zonas tensionadas, que ya se va a aplicar en Gijón, Avilés, Langreo, Gozón, Llanes y Cabrales. Ante la escasez de oferta, la idea es poner un techo al precio del alquiler que se puede prolongar, como mínimo, por tres años. En Cataluña son pioneros en las zonas tensionadas, y ya vimos que por cada piso que se oferta en Barcelona, llaman 437 ciudadanos en diez días. La otra estrategia consiste en obligar a sacar al mercado las viviendas vacías. En ambas estrategias la opinión de los dueños de los inmuebles carece de importancia. La Administración actuará como si fuera el propietario.