En el primer o segundo Consejo de Ministros que se celebre a la vuelta de las vacaciones se aprobará la quita de la deuda catalana. Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) impuso como condición para apoyar la investidura de Pedro Sánchez una reducción del 20% de la deuda suscrita por la Generalitat con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), mecanismo creado por el Gobierno de Rajoy para facilitar el crédito a los gobiernos autonómicos que no podían financiarse en los mercados por falta de solvencia. El Gobierno aceptó la petición de ERC y ahora consuma la quita, asumiendo el Estado 17.104 millones que le debía la Generalitat. La investidura tenía un precio.
Posteriormente, el Gobierno abrió la puerta a todas las comunidades para reducir deudas, siguiendo un método tan sofisticado como caprichoso, que primaba, por ejemplo, a los gobiernos que no habían bajado los impuestos, como la Generalitat. Una vez concretadas las cantidades en que se reducía la deuda de los territorios, Salvador Illa bajó los impuestos a todos los catalanes con ingresos por debajo de lo 33.000 euros. Todo muy serio y riguroso.
El Gobierno del Principado de Asturias vio rebajada la deuda en 1.508 millones y se mostró satisfecho, aunque el consejero de Hacienda hizo algunas matizaciones. Si nos comparamos con Cataluña y nos fijamos en la quita por habitante salimos desfavorecidos: ocho veces menos de ciudadanos y once veces menos en el recorte de deuda. La propuesta se llevó al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que ahora se rige por una norma estrambótica: el Gobierno y el voto de una región cualquiera tienen la mayoría absoluta. Las comunidades gobernadas por el PP abandonaron la reunión. En los próximos meses se verá si se acogen a la quita concedida por el Gobierno o se inhiben.
El PP asturiano reabre el debate. Critica el silencio de Barbón ante el trato de favor concedido a los independentistas. El diputado Andrés Ruiz insiste en que la única solución ante la carencia de recursos de los gobiernos autonómicos es la reforma del sistema de financiación. A su entender la quita de la deuda catalana es el primer paso para la desconexión económica y financiera de Cataluña. Es indudable que es el primer paso hacia un sistema donde impere la desigualdad entre territorios. Un primer paso en aplicar la bilateralidad (Estado-Generalitat) como forma de acordar normas de carácter general. Y otro paso para debilitar al Estado, que asume 83.252 millones de deuda por el exceso de gasto de los gobiernos autonómicos.