Empieza el curso escolar de la educación no universitaria con 98.719 alumnos y 9.635 profesores. La pérdida de estudiantes es una constante desde hace muchos años. Si tomamos como referencia el anterior curso hay 1.200 alumnos menos, lo que supone un descenso del 1,19%. Hay estudios realizados los últimos años que pronostican que del año 2023 al 2037 habrá una caída de educandos del 34%. Siendo respetables todos los trabajos rigurosos e independientes, me atrevo a relativizar las cifras porque todavía se desconocía el fuerte crecimiento de la inmigración que ha permitido que tengamos casi 15.000 habitantes por encima del millón.

Bajan los alumnos, pero crece el número de profesores (9.635), 113 más que en el pasado curso. Supongo que el aumento se debe a dos circunstancias. Por un lado, están las contrataciones derivadas del pacto ‘Asturias Educa’ (auxiliares educadores, especialistas en pedagogía terapéutica y en audición y lenguaje, etc.) alcanzado entre la Consejería de Educación y los sindicatos de la educación pública, que sirvió para que los docentes pusieran fin a la huelga. Por el otro, el personal contratado para cubrir el primer ciclo de la educación infantil (0-3 años). Es una etapa en la que hay 4.269 niños que están matriculados en 92 escuelas. En el primer ciclo realiza el Principado el ambicioso proyecto de tener una red autonómica de escuelas de cero a tres que avanza más despacio de lo previsto, aunque ya abrió sus primeros centros.

En el presente curso se va llevar a la práctica, por primera vez, la evaluación general del sistema, prevista en la Lomloe. La prueba sigue la metodología del Informe Pisa al estar centrada en la comprensión lectora, matemáticas y ciencias. Participarán 35.000 alumnos de sexto de Primaria, pertenecientes a mil centros. El objetivo es conocer el nivel de asimilación de competencias (conocimientos) de los alumnos y, en definitiva, el funcionamiento del sistema. La prueba se realizará cada tres años. Como la Lomloe ha desnaturalizado el concepto de evaluación, rebajándolo hasta hacerlo irreconocible, pueden ser interesante los datos que suministre esta prueba. Claro está que para que sean socialmente útiles deben ser dados a conocer a la ciudadanía. El secretismo y la opacidad que acompañan, hasta ahora, a los resultados de las pruebas internas realizadas al alumnado por la Consejería de Educación son incompatibles con los principios de una sociedad democrática. Espero que en este asunto haya un cambio.