La reunión de la Alianza por las Infraestructuras, que tendrá lugar hoy, es muy importante, dada la estrategia del Gobierno regional de convertir este colectivo de entes o asociaciones en la plataforma para presionar al Ministerio de Transportes. La Alianza se fundó en 2017, en tiempos de Javier Fernández, y nunca se distinguió por tener una actividad intensa ni, en consecuencia, por conseguir los objetivos fundacionales que consistían en recuperar el atraso en la construcción de las infraestructuras de competencia estatal. Ahora tiene un nuevo y urgente encargo, recuperar el tiempo perdido por el Principado en exigir la finalización del peaje. Hablo de tiempo perdido, porque basta ver la actividad de la Xunta de Galicia para suprimir la tasa en la AP-9 (autopista gemela a la asturiana, víctima del mismo cambalache del Gobierno de Aznar y de la negativa del Gobierno socialista a seguir el dictamen de la Comisión Europea) y comparar la diligencia de ambos gobiernos.

El presidente Barbón ha declarado que la lucha por la finalización del peaje tiene tres frentes: jurídico, administrativo y político. No sé que papel podrá jugar el Principado en los frentes jurídico y administrativo porque el expediente se inició en 2021, con la denuncia del entonces líder de Podemos, Daniel Ripa, y el Principado debía incorporarse en el verano de 2024 al procedimiento, cuando la Junta General del Principado le mandató para ser parte activa del proceso, pero el frente político está en un momento óptimo para ser eficaz. Si se juega la baza de la movilización al Ministerio de Transportes le va a resultar muy incómodo mantener la negativa a levantar el peaje.

En Asturias hay un Gobierno de izquierdas, mayoritariamente socialista, que no lo va a poder ningunear fácilmente un ministro tan señalado por la opinión pública, como es Óscar Puente, líder en disputas y farolillo rojo en la gestión de los servicios públicos que gestiona. Dentro de veinte meses hay elecciones autonómicas y municipales, y el mantenimiento de la tasa, en contra del criterio de la Comisión Europea, será una carga en la campaña electoral. Si las elecciones generales se anticipan, el peaje dañará a Pedro Sánchez, y en caso de celebrarse cuando toca, la llamada a las urnas será dos meses después de los comicios autonómicos y locales. En definitiva, la estrategia de juego sucio puesta en marcha por el Ministerio de Transportes tendrá reflejo en las urnas. La duda está en la actuación de las instituciones asturianas y de los ciudadanos.