Esta semana quedó cerrado el ‘caso Renedo’ con el auto de la Audiencia Provincial estimando los recursos presentados por los cuatro procesados (Iglesias Riopedre, María Jesús Otero, Víctor Manuel Muñiz, Alfonso Carlos Sánchez), al valorar que ya había sido juzgada la actividad fraudulenta de los cuatro.

El hilo que permitió desenredar la madeja de la corrupción en la Administración del Principado fue la funcionaria, Marta Renedo, jefa de servicio en la Consejería de Administraciones Públicas, que utilizaba una trama de cuentas bancarias para cobrar comisiones. Una vez que la jueza, López Pandiella, empezó a instruir el sumario, las escuchas telefónicas permitieron cerrar el círculo. El núcleo de la actividad delictiva era la adjudicación arbitraria de contratos de la Administración (Consejería de Educación, mayoritariamente) a empresas privadas (Igrafo y Almacenes Pumarín).

El escándalo estalló el lunes 25 de enero de 2011, cuando fueron detenidos el consejero de Educación, la directora general de Planificación Educativa, los empresarios de Igrafo y Almacenes Pumarín, así como la funcionaria Marta Renedo.

Una instrucción contundente: detenidos en la calle, trasladados a la Comisaría de Oviedo donde permanecieron incomunicados en los calabozos durante dos noches, posteriormente interrogados por la jueza, y con las muñecas engrilletadas partieron rumbo a la cárcel de Villabona. Nunca había habido en Asturias un escándalo así que afectara al corazón del Gobierno.

La vista oral del juicio tuvo una dimensión política y mediática, al sentarse en el banquillo de los acusados, Iglesias Riopedre, miembro del Gobierno socialista durante once años, y su directora general, María Jesús Otero, el personaje más llamativo de la bancada: bajo la apariencia de señora mayor convencional, casi rancia, se escondía una mente privilegiada, capaz de memorizar todos los datos de la gestión en la Consejería y con la entereza suficiente para sufrir, imperturbable, la pena de cárcel. Con la apelación al Tribunal Supremo fue Otero la que obtuvo mayor reducción de la condena: de diez años y medio a cinco años y cinco meses, sin multa.

El 4 de abril de 2016 empezó la vista oral y el 26 de mayo había elecciones generales. Acusaciones y defensas llevaban muchos meses negociando, formalmente, el alcance de las penas. Entre ellas estaba la acusación del Principado que hacía ejercicios de equilibrismo entre los intereses del Gobierno, la realidad electoral, la amenaza de Podemos (en la Junta General del Principado, entre los nueve escaños de Podemos y los cinco de IU tenían tantos diputados como el PSOE) y el impacto en la opinión pública. Resultado final: mientras barajaba no daba cartas. Simple pérdida de tiempo.

Desde el inicio el Principado tuvo un proceder extraño al elegir a una letrada sin experiencia penal y, lo más relevante, no aportó toda la prueba necesaria durante la instrucción, pretendiendo introducirla el día que se iniciaba la vista oral, entre las cuestiones previas.

Las defensas ofrecieron a las acusaciones cuatro millones entre bienes y dinero, pero el Principado lo rechazó. El 1 de septiembre de 2017, cuando la Audiencia Provincial comunicó la sentencia, el consejero de la Presidencia, Guillermo Martínez, se felicitaba por las condenas, y calculaba que el Gobierno iba a reclamar a los condenados «no menos de cinco millones de euros».

Nueve años más tarde, la cantidad ha menguado hasta los 700.000 euros, que deben pagar entre María Jesús Otero y Víctor Muñiz. Todavía tienen un recurso pendiente en el Tribunal Supremo por entender que la sentencia confunde regalos con daño patrimonial. El daño implica haber perdido (quitado) algo, y el regalo es una mera liberalidad.

El curso judicial del ‘caso Renedo’ ha llegado hasta esta semana, porque de la causa inicial se ha desgajado una parte que es la carga probatoria del Principado, que quiso presentarla al empezar el juicio. Al ser rechazada, el Principado presentó una denuncia y se inició una segunda causa que llegó hasta aquí. Un ejercicio inútil. Después de una década y ochenta testigos no se obtuvo ningún fruto.

Visto desde una perspectiva general, con el tiempo transcurrido, el paso por el Tribunal Supremo del ‘caso Renedo’ ha servido para que el alto tribunal abundara en las críticas, empezando por la Audiencia Provincial a quien el Supremo dio a entender que no sabía lo que era un concurso de delitos. El Supremo consideró que todos los delitos estaban interrelacionados y debía haber una pena para todos, no varias penas. Además, las redujo porque atribuyó dilaciones indebidas a la Audiencia Provincial, siendo un atenuante para los condenados.

Por otra parte, la estrategia del Principado resultó un fracaso, como se ve en el auto de la Audiencia Provincial al revocar las resoluciones tomadas en la instrucción de la segunda causa, optando por el sobreseimiento libre por razón de «cosa juzgada». Hubiera sido distinto si las pruebas las hubieran presentado en la primera causa. Qué claro lo tuvieron que ver los magistrados para declarar libre el sobreseimiento, cuando la inmensa mayoría son sobreseimientos provisionales. En cuanto a las acusaciones populares de Avall y Belmonte de Miranda no les dieron ni las costas. Totalmente irrelevantes.

El escándalo sirvió para hacer una Administración aún más lenta.