El acuerdo alcanzado por los dos socios del Gobierno regional ha sido motivo de valoración por parte del rector de la Universidad de Oviedo. Pese a que había más cuestiones conflictivas entre los dos partidos de la izquierda, el único asunto que, al final, trataron fue la implantación de centros universitarios privados en la comunidad autónoma. De ello habló Ignacio Villaverde.

PSOE e IU pretenden aprobar una ley que detalle los requisitos que se van a exigir a las universidades privadas. El rector considera que el margen de los gobiernos regionales para impedir la actividad de los centros privados «tiende a cero». No tenía una opinión tan contundente el rector cuando la Universidad Europea anunció su deseo de tener un centro en Gijón. Fue la primera universidad privada que dio a conocer sus planes. Entonces se dejaba entrever que el Principado tenía competencias para aprobarlo o impedirlo. El rector, como jurista que es, habrá analizado a fondo la cuestión y descarta la opción del veto. Lo único que concede el rector al Principado es la posibilidad de regular los procedimientos, porque el resto es de competencia estatal. En cualquier caso, la hipotética ley solo afectaría a nuevos proyectos universitarios.

Villaverde realizó dos peticiones. La primera: poner en valor a la universidad pública. Una petición llamativa, porque es difícil mejorar la valoración que tiene el conjunto de la región sobre la Universidad de Oviedo. Sobre todo, el respeto que siempre acompañó a cualquier referencia pública hacia el alma mater. Esa actitud procede de ser con mucho la institución civil más longeva: 418 años de enseñanzas ininterrumpidas. El rector acompaña la exigencia de puesta en valor con una observación puntillosa: «Para dar la bienvenida a las privadas no hace falta hablar de la pública». Cualquier agente público o persona privada es muy libre de hablar o comparar públicas y privadas, pero es precisamente el rector quién más veces relaciona y compara unas con otras.

La segunda petición al Principado son los estándares de calidad, que deben ser tan exigentes para las privadas como para la pública. En Asturias serán instituciones asimétricas, al menos durante los primeros años, porque la pública tiene multitud de titulaciones y más de dos mil profesores; el tamaño de las privadas es mucho más reducido. Pese a esa diferencia, al equipo rectoral teme que las privadas le resten matrículas. En caso contrario no harían alegaciones al procedimiento de implantación.