Primero fue la Federación Asturiana de Concejos (FACC) la que pidió suprimir la regla de gasto y ahora lo hace el presidente del Principado. Consideran que estamos en un momento crítico –«cada bomba que cae en Oriente Medio golpea el bolsillo de nuestras familias» (Sánchez dixit)– y se necesita liberar recursos para financiar el escudo social. Veamos.

Hasta la fecha, el daño a la economía del Principado no lo ha producido la guerra, precisamente, sino el plan de Pedro Sánchez amortiguando la carga fiscal al rebajar un 10% el IVA de los carburantes, de la luz y del gas, entre otras medidas. Como al Principado le corresponde el 50% del IVA, si baja la recaudación, bajan los ingresos del Principado. Vistas así las cosas queda todo un poco menos heroico: el Principado pide una excepción a las reglas fiscales por la bajada de impuestos del Ministerio de Hacienda. Completemos el cuadro. El Gobierno asturiano, como el Ejecutivo de Pedro Sánchez, no deflactan el IRPF, gracias a ello logran pingües beneficios para sus arcas. El pasado año, por primera vez, el Ministerio de Hacienda recaudó más de 300.000 millones con el IRPF. En Asturias, el tramo autonómico del IRPF aportó 1.645 millones al Principado, un 65% más que en 2024. Le debe parecer poco al Gobierno asturiano y quiere aprovecharse también de los 150 millones que recibiría si no existiesen reglas fiscales (limitación del gasto, del déficit y de la deuda). Frente a lo que dicen las administraciones (Principado, ayuntamientos), la regla de gasto no bloquea los recursos al permitir que se dediquen a reducir deuda. El problema radica en que ellos consideran que la reducción de la deuda es despilfarrar el dinero, cuando es el mayor problema económico que tenemos a medio y largo plazo.

La comparación de la actual coyuntura con la pandemia, como hacen desde el Gobierno, me parece una exageración hiperbólica. Entonces cayó el PIB un 10,8% y ahora se prevé que el retroceso sea entre el 0,2% y el 0,5%. Estamos en una época en que los políticos pueden decir cualquier cosa, sin menoscabo de su credibilidad. Tras cuatro años de suspensión por la pandemia, cuando se volvió a aplicar la regla de gasto, el Principado la incumplió, excediéndose en 287 millones. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) le obligó a elaborar un plan económico-financiero para embridar las cuentas. El consejero de Hacienda culpó del exceso al diseño de la regla de gasto. Conclusión: el fallo está en la norma, no en la gestión del Gobierno.