Mañana se cumple un año del trágico accidente en la mina de Cerredo (Degaña) en el que murieron cinco trabajadores y otros cuatro quedaron heridos. Aunque en la accidentabilidad laboral hay frecuentes alusiones a la suerte y a la fatalidad, en este caso hay consenso sobre algo elemental: la mina no reunía las condiciones mínimas para trabajar en ella. La pésima ventilación, o el trabajo sin autorrescatadores ni walkies, hacían de Cerredo una mina infranqueable, pero qué sentido tiene hablar de condiciones laborales en una mina donde estaba prohibido extraer carbón. Si era ilegal la explotación, no nos debería extrañar que también lo fuera lo que la acompañaba. El dueño, Jesús Rodríguez Morán, se desenvolvía con gran soltura por Degaña e Ibias, hasta el punto de simultanear el trabajo de picador en Carbones La Vega (la Guardia Civil cree que el supuesto picador era dueño de la mina), con el de administrador o directivo de otras empresas (Combayl, Blue Solving).

En la instrucción judicial, Rodríguez ha adquirido la calidad de imputado, acusado de cinco delitos de homicidio por imprudencia; la misma calificación penal mereció la conducta de su mujer e hijo. La actuación de los propietarios y administradores de la mina no ofrece demasiadas dudas, sin embargo, lo que está por dilucidar es el papel del Principado en todo lo relacionado con la mina de Cerredo. Ingenieros de minas, con muchos años de experiencia en las explotaciones, hicieron declaraciones muy contundentes en la comisión de investigación parlamentaria sobre la Administración autonómica: «La Administración sabía perfectamente que en esa mina se estaba extrayendo carbón, pero todos hacían la vista gorda para no interrumpir la actividad ni sancionar a la empresa». Afirmaciones de ese tipo no apuntan hacia la negligencia, sino a la connivencia.

David Álvarez Álvarez, uno de los cuatro mineros supervivientes del accidente de Cerredo, en una entrevista publicada en EL COMERCIO, hizo las siguientes afirmaciones: «Nosotros claro que extraíamos carbón, todo el tiempo. Era nuestro trabajo». Ningún político, ninguna consejera, ningún director general, ningún inspector se enteró. Sobre la pésima ventilación de la mina, David Álvarez dijo que «ahí cometieron un gran error los de la Dirección General de Minas. Sinceramente, no sé cómo se hacían las inspecciones para no darse cuenta de todos estos fallos. Creo que se daban cuenta, pero pasaban de largo». Por respeto a los muertos, no caben apaños.