Primer aniversario de la muerte de los cinco mineros en la explotación de Cerredo (Degaña). Un accidente como los que ocurrían en el siglo XX, cuando las condiciones de trabajo eran otras. Pésima ventilación y el grisú expandiéndose por la galería, sin que se hubiese hecho ninguna comprobación al empezar el trabajo de la semana. Pronto se desplazaron hasta la bocamina los miembros del Gobierno asturiano y parlamentarios de todos los partidos. Muecas de dolor, gestos de asombro y estupefacción generalizada ya que no se esperaba que ocurriera una tragedia tan grande cuando hacía ya siete años que estaba prohibida la actividad de picar carbón. Esa es la principal diferencia entre la catástrofe minera de Cerredo y las del pasado que ocurrieron en tantos pozos asturianos. En Cerredo había una actividad ilegal, sin que el Principado tuviera constancia oficial de ello.

Tres años antes hubo otro accidente mortal. El servicio de Minas del Principado visitó la explotación y comprobó que extraían carbón; la ilegalidad se saldó con una multa de 12.000 euros. Al mes siguiente la Administración ya le había dado permiso a la empresa para seguir trabajando. Chus Mirantes, el hombre que mueve toda la actividad de Cerredo, pidió permiso para desarrollar con la empresa Blue Solving un Proyecto de Investigación Complementario (PIC) y el Principado se lo concedió en 33 días. La supuesta investigación conllevaba extraer 60.000 toneladas de carbón de la mina. En las alturas de la Administración debía haber gente que tenía una gran confianza en el empresario, en la actividad minera de Cerredo y en la seguridad de la explotación, porque antes de la tragedia del pasado año transcurrieron seis meses sin inspecciones.

El empresario, Chus Mirantes, ya está imputado por cinco presuntos delitos de homicidio por imprudencia. La misma actuación delictiva aprecia la juez en su mujer y su hijo, administradores nominales de Combayl y Blue Solving. A estas alturas ya conocemos el currículum de Mirantes y el expediente de la mina Cerredo desde que Combayl se hizo con la explotación en una subasta. Ayer, en Villablino (León), familias, compañeros, amigos y vecinos de los mineros pedían justicia. Para conocer la verdad hay una instrucción judicial y una comisión de investigación parlamentaria que la izquierda no quería constituir. La cuestión a dilucidar es el papel jugado por el Principado en todo este asunto. No caben dictámenes políticamente correctos. Es preciso conocer la verdad.