La presidenta de la comisión de investigación parlamentaria sobre la tragedia de la mina de Cerredo, Covadonga Tomé, ha pedido al presidente del Principado que ponga inmediatamente a disposición de la comisión el informe realizado sobre el accidente por la Inspección General de Servicios. Los diputados están redactando el dictamen sobre las responsabilidades en lo ocurrido y quieren tener como material de trabajo el informe interno del Principado, que obra en poder del presidente Barbón desde el comienzo de esta semana.

La primera medida que tomó Adrián Barbón tras el accidente fue encargar a la Inspección General de Servicios un informe para conocer qué fallos se habían cometido en los controles de la Administración autonómica, en caso de haberlos. En las primeras semanas posteriores a la tragedia, desde el Gobierno realizaron todo tipo de alabanzas sobre la capacidad y el rigor de los funcionarios que trabajan en la Inspección General de Servicios. Conscientes de que la sociedad ignoraba la existencia de ese ente, empezaron a darle lustre por adelantado, quizás con la intención de poder contraponer sus futuros argumentos y conclusiones sobre el accidente a los que provinieran de otros organismos ajenos a la Administración. Los mismos partidos y políticos que mostraron todo tipo de objeciones y recelos a crear una comisión parlamentaria de investigación, recibieron con parabienes la investigación encargada por el presidente del Principado.

Según Covadonga Tomé el informe puede aportar información para esclarecer no solo el funcionamiento de los mecanismos de control e inspección, sino también posibles fallos administrativos o de supervisión. Por lo que se sabe del trabajo realizado por el Principado se reconocen fallos en el sistema de control de la mina y se cuestiona la legalidad de los llamados proyectos de investigación complementaria, que terminaron siendo una especie de licencia para extraer carbón en las explotaciones que estaban clausuradas desde 2018. En el trabajo se reconoce, al parecer, la responsabilidad de los inspectores. En la secuencia de lo ocurrido en la mina de Cerredo hay actuaciones de la inspección de muy difícil justificación.

En el informe no se aprecia responsabilidad política. Es decir, todas las irregularidades cometidas en Cerredo fueron cosa de técnicos y funcionarios. Es metafísicamente imposible que en un informe donde el Principado chequea al Principado rueden cabezas de políticos. Sin precedentes.