Gimena Llamedo, vicepresidenta del Gobierno, y Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Industria y Empleo, presentaron el informe realizado por la Inspección General de Servicios (IGS) sobre el accidente de la mina de Cerredo, donde se analiza el contexto del siniestro y también algunas cuestiones del mismo. En el informe (300 páginas) se habla de la «normativa preconstitucional», la negativa «reducción de personal», el obsoleto «sistema informático del año 1999» o la «desactualización de datos». Para entender la orientación y el estilo del informe sirva como ejemplo que se hace en él una referencia a «las sospechas de actividad clandestina» en la mina. El propio Servicio de Minas del Principado comprobó, in situ, en 2022, la clandestinidad del trabajo y puso a la empresa (Combayl), que extraía el carbón, una benévola multa de 12.000 euros.

Tras el accidente, el presidente Barbón encargó a la IGS la tarea de esclarecer todo lo ocurrido, «caiga quien caiga», pero la IGS está creada para valorar el comportamiento de la Administración y de sus funcionarios. Como en cualquier informe, hay un margen de maniobra, para decir más o decir menos, pero en un órgano que depende directamente de Vicepresidencia del Gobierno y tratándose de una cuestión muy grave, no hay espacio para los versos libres.

En el informe, una de las mayores críticas al Principado tiene que ver con la carencia de normativa que «impide la seguridad jurídica, igualdad, objetividad y transparencia». Borja Sánchez no quiso contestar en la rueda de prensa a preguntas tan elementales, como la existencia de responsabilidad política, la actuación de los consejeros de Industria que le precedieron, o si el accidente en la mina de Cerredo se podría haber evitado. Ante tanto interrogante, el consejero dijo que «lo que nos corresponde es acabar de analizar el informe por si se nos escapa alguna cosa y, sobre todo, implementar las recomendaciones». Aquí no hay culpables, todo son errores o fallos que se subsanarán con los buenos consejos de la IGS. En pleno formato ‘sanchista’ de rueda de prensa se atrevió Sánchez (Borja) a decir que el propio informe «ya es una muestra de responsabilidad política».

En el informe se dice que los Proyectos de Investigación Complementaria (PIC) los utilizó la autoridad minera para autorizar la extracción del carbón. ¿Son legales los PIC? Para Sánchez es una figura válida que lleva décadas usándose en Asturias. Se implementan unas mejoras y cerramos el expediente de Cerredo.