La decisión del Principado de recurrir a la vía judicial para resolver el conflicto que tiene con el Ministerio de Transportes sobre la prórroga del peaje del Huerna era una respuesta obligada dada la sordera del ministro Puente y del secretario de Estado Santano a las demandas asturianas. Nunca hubo el menor atisbo de comprensión por parte del Gobierno a la petición de suprimir el tributo, optando por defender la prórroga del peaje como si fuera una medida adoptada por gobiernos socialistas en el pasado, cuando fue una decisión del Gobierno de Aznar.

Ante la cerrazón de la Administración central el Principado tenía dos salidas, dejar que la cuestión de la prórroga siguiera empantanada, como hasta ahora, o apelar al Tribunal Supremo para que reconozca la ilicitud de la prolongación del peaje en la autopista, concedida sin someterla a concurso público y con evidente falta de transparencia. La Comisión Europea considera ilegal el tributo y ha dado los pasos necesarios para ponerlo en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El aval de Bruselas es una baza de peso del Principado ante el Tribunal Supremo. El Ministerio de Transportes se ha limitado a decir, en la respuesta a la demanda asturiana, que ya había pasado mucho tiempo para reclamar la supresión. Si la argumentación del Gobierno encuentra amparo en el Supremo, los asturianos nos pasaremos otros veinticuatro años pagando un tributo para viajar a León, Valladolid o Madrid, cuando en otras comunidades autónomas de la periferia de España no existe.

La Federación Asturiana de Empresarios (Fade) y la Cámara de Comercio de Oviedo ven bien la judicialización de la controversia (acabar con el agravio), pero apuestan por mantener la interlocución con el Gobierno (que Barbón solicite una reunión con Madrid). La intención de los empresarios es muy constructiva, pero sospecho que a estas alturas no hay margen para resolver el problema del peaje con el Ministerio de Transportes, ni otros asuntos que están en la agenda, como los accesos a El Musel. Quedan once meses de mandato autonómico y trece meses de legislatura estatal, en el mejor de los casos. El Ministerio de Transportes tiene multitud de compromisos, y entre ellos está apuntalar el voto en las regiones más pobladas. La vía judicial es muy lenta, pero inexorable. La vía política está obturada hasta que se forme otro gobierno en Madrid. Sí cabe una solución ilusoria entre Principado y Transportes en clave electoral. Como fuegos de verbena.