La batalla política se libra en torno a la tragedia de Cerredo. Es el acontecimiento más importante de la legislatura autonómica y dependiendo de cómo quede resuelta, serán beneficiados o perjudicados los distintos partidos en las urnas.

En la semana que queda atrás, Adrián Barbón y su Gobierno han corregido el rumbo marcado unos días antes, cuando el presidente dio a entender que asumía la posibilidad de reconocer responsabilidades políticas. Ahora ha vuelto a poner la frontera de los errores o culpas en el hacer de funcionarios y empleados. El estamento político no se toca. Entre los escombros de la tragedia emergen indemnes.

A los pocos días de la catástrofe, Barbón anunció la petición del informe a la Inspección General de Servicios (IGS). Dando por segura la profesionalidad y el rigor de sus miembros, la apuesta carecía de riesgos porque el IGS está bajo la jerarquía de la Vicepresidencia del Gobierno. Se dedica a analizar el comportamiento, la eficacia o la eficiencia del trabajo funcionarial.

«¿Cómo se puede ser un brillante alto cargo de Industria desconociendo lo que ocurría en las minas?»
En la discusión parlamentaria, Barbón le espetó a Queipo, que si gobernara el PP nunca pediría un informe a la IGS, porque nunca lo había hecho. No seamos incautos. Si el PP gobierna no temerá esos informes porque contarán con el visto bueno de Vicepresidencia. Voy más allá: el informe estaba pedido como baza del Gobierno en la discusión. Ejemplo de ello fue la explicación del informe realizada por el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, centrada en las once mejoras del trabajo propuestas en el dictamen. Hay que mirar hacia el futuro y olvidar el pasado. Cuanto antes, mejor.

Rumbo
Decía que Barbón ha corregido el rumbo, se olvida de responsabilidades políticas, y centra los errores y fallos en el Servicio de Minas, que tuvo un «funcionamiento anómalo y defectuoso». Dicho con otras palabras: si se hicieron las cosas mal fue sin intencionalidad.

El presidente opta por rebajar las responsabilidades a un nivel administrativo y sin negligencias dolosas. Sabemos cómo actuaban desde 2022 las empresas administradas por ‘Chus Mirantes’ y familia, el desparpajo con el que se movían, los accidentes, las multas, las inspecciones con aviso previo (igual que rellenar las quinielas los lunes), el espaciamiento de las inspecciones, la sorprendente incapacidad para detectar que se extraía carbón, las indicaciones para hacer proyectos de investigación complementaria, etc.

En el relato oficial hay una combinación de ceguera y benevolencia de los funcionarios, mientras al otro lado del tabique o mampara, consejeros y directores generales realizan su trabajo de forma intachable. Las preguntas brotan solas: ¿cómo se puede ser un brillante alto cargo de Industria, desconociendo lo que ocurría en las explotaciones? ¿El Servicio de Minas es un cuerpo autónomo sin obligación de rendir cuentas?

Para que esté más embrollada la madeja, añadamos que durante años en la cúspide del organigrama hubo titulares que tenían familiares con intereses directos en el sector minero. Por si algo faltara, Carmen Moriyón dijo: «tengo el deber político y moral de pedir el cese de Roqueñí (presidenta Autoridad Portuaria)».

Adriana Lastra
Barbón, definitivamente, ha optado por enrocarse. Ensaya un discurso distinto, muy a ras de suelo: en la Administración hay 900 departamentos, es desmesurado pedir su dimisión por el fallo en un negociado concreto. ¿La tragedia de Cerredo se puede reducir a un fallo concreto?

Adriana Lastra le respalda: «lo mismo me da que hablemos de Nieves Roqueñí o de Enrique Fernández, la responsabilidad está en Blue Solving». Como los de la empresa son muy malos, los consejeros merecen indulgencia plenaria.

¿Va la izquierda asturiana a otorgar a los políticos el estatus de la impunidad? Del informe de la Inspección General de Servicios se va a pasar al dictamen de la comisión de investigación parlamentaria. La dirección socialista tuvo una reunión, pero no informó de su posición. IU también está a la espera del texto que prepara Covadonga Tomé, presidenta de la comisión de investigación. A finales de mes se conocerá el dictamen y habrá diez días para presentar enmiendas.

Tomé
Tomé tiene una posición de privilegio. La igualdad entre bloques hace que su voto otorgue la mayoría parlamentaria. El punto crítico del dictamen es la responsabilidad política. Si no se reconoce, si todo queda en negligencia de funcionarios y maldades de empresarios, basta el informe de la Inspección General de Servicios. El asunto está en adentrarse, en «ir hasta el final», en «caiga quien caiga», como pregonaba Barbón antes de enrocarse.

Es cuestión de hilvanar los testimonios orales de la comisión de investigación, con el agente de Medio Rural, José Manuel Corral, refiriendo lo que le dijo ‘Chus Mirantes’, sobre sus «contactos de alto nivel en Medio Ambiente». O lo que declaró Santiago Berjano, jefe de Servicio de Minas: «los funcionarios no tenemos ninguna reunión que no se comunique más arriba». A renglón seguido se puede recuperar las manifestaciones de la exconsejera, Belarmina Díaz, negando saber que el jefe de servicio, Berjano, hubiera tenido una reunión en la consejería con el empresario, pese a que este ya había aclarado que de todas las entrevistas tenía conocimiento la superioridad. Etcétera. Si se va hasta el final, si da igual que caiga uno u otro, seguro que aparecerán responsabilidades políticas.