El secretario de organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Fernández Huerga, ha convocado para esta tarde a todos los secretarios generales de las agrupaciones locales para tratar, como único punto del orden del día, «el dictamen de la comisión Cerredo». En la comunicación se indica que participarán las vicesecretarias generales, Adriana Lastra y Dolores Carcedo.

La cúpula de la FSA ha decidido tocar a rebato para poner a todo el partido en posición de defensa. Conocer el dictamen de Covadonga Tomé y sentirse atacados fue todo uno. Estaban dispuestos a asumir el relato del desastre de Cerredo, de muy difícil realización sin una Administración dispuesta a no ver ni oír, pero nunca imaginaron que una diputada del Grupo Mixto, que está sola en la Cámara, tuviera el atrevimiento de señalar con nombres y apellidos a los exconsejeros de Industria como responsables políticos de la tragedia.

El portavoz socialista, Guillermo Peláez, salió raudo a rechazar los «señalamientos personales», y negó que hubiera una relación de causa-efecto entre los procedimientos administrativos y la explosión de grisú. Claro que la hay. Si el procedimiento administrativo hubiera detectado que se estaba sacando carbón (bastaba con que se hubieran hecho las inspecciones sin avisar la víspera) el siniestro nunca hubiera tenido lugar. Lo más descorazonador de la tragedia es que las tropelías de la empresa no habrían ido muy lejos si la Administración hubiese actuado con diligencia. Ni siquiera el luctuoso precedente del accidente en 2022 fue suficiente para que cerraran la empresa o, al menos, la sometieran a un control exhaustivo.

La culpa del accidente es de la empresa, pero la responsabilidad alcanza de lleno a la Administración del Principado. El propio informe de la Inspección General de Servicios habla de una Administración laxa y de la falta de eficacia para detectar extracciones ilegales. La dirección de la FSA no esperaba que todos los grupos políticos respaldaran las responsabilidades políticas del dictamen. Creían que todo iba a quedar en reprobaciones parlamentarias sin consecuencias, como tantas veces que el Parlamento tira de la oreja a un consejero del Gobierno.

Asustados ante la petición de dimisiones de cargos públicos han optado por encerrarse en el búnker, decir que solo quieren hablar de Blue Solving (la empresa que operaba en Cerredo) y renunciar a la búsqueda de responsabilidades políticas. Una estrategia propia de dirigentes abrumados.