La política es imprevisible. ¿Quién iba a decir que cuando faltase un año para los comicios autonómicos el Gobierno de Barbón iba a pasar por la situación más difícil de sus siete años en el poder? ¿Quién iba a imaginar que hasta IU se separaría del PSOE?

El trabajo de la comisión de investigación parlamentaria del ‘caso Cerredo’ ocupó un segundo plano en la política regional, aunque hubo comparecientes que vertieron testimonios muy duros, capaces de provocar una crisis si alguien tirara del hilo. Una vez terminadas las sesiones, bastó con que la diputada Covadonga Tomé (Somos Asturias), presidenta de la comisión, publicara el dictamen provisional dónde señala con el dedo a los tres consejeros de Industria de Barbón para que la mayoría parlamentaria se resquebrajara.

Cada vez que el portavoz socialista, Guillermo Peláez, aclara que habla en nombre del sector mayoritario del Gobierno echa por tierra los esfuerzos realizados por Barbón, durante tres años, para convencernos de que está al frente del Gobierno de unidad progresista, en vez de reconocer que preside un Gobierno de coalición. Y las coaliciones se hacen, se deshacen o quedan en punto muerto. IU tiene cogida la sartén por el mango.

Atropello
Entramos en la fase crítica, donde se va a debatir sobre el dictamen; los partidos defenderán sus enmiendas y se aprobará el texto final, si no ocurre nada extraño, que también pudiera suceder.

A la Federación Socialista Asturiana (FSA) le atropellaron los acontecimientos, como al sector mayoritario del Gobierno. Creyeron que esta era una comisión como tantas otras que se constituyeron en la Junta General del Principado durante la etapa autonómica para terminar sin pena ni gloria porque el formato de la comisión de investigación en el Parlamento asturiano está diseñado para cumplir una mera formalidad: afirmaciones genéricas y reprobaciones teóricas.

A decir verdad, la cúpula socialista tomó una medida preventiva acertada al dar a conocer el informe de la Inspección General del Servicios (IGS) unas semanas antes de que Tomé mostrara su mercancía. El informe de la IGS estaba pensado para guiar a los diputados, de tal forma que condicionara el dictamen parlamentario o, al menos, su lectura. Prueba de ello fue la exposición de Borja Sánchez, consejero de Industria, cuando presentó el informe de la IGS. A su entender, lo importante era aplicar las once recomendaciones del informe. Los errores, fallos e irregularidades quedaban postergados. Hablaba del futuro, como forma de escapar del pasado.

Los socialistas supieron desde el principio que el informe interno, dependiente de la Vicepresidencia del Gobierno, era una baza a utilizar. Para que la gente entendiera lo que era la Inspección General de Servicios, Barbón comparó a sus miembros con los fiscales.

Cerredo
Lo que no supieron captar es en qué se diferencia la comisión de investigación de Cerredo de todas las anteriores. La diferencia es cualitativa: en Cerredo hubo cinco muertos. Un hecho demasiado impactante como para obviarlo. Sin esperarlo, los socialistas pasaron en unas pocas horas a quedar aislados. Cuando Borja Sánchez explicaba muy educadamente su interpretación del informe, daban ganas de interrumpirle para preguntarle qué iba a hacer con los muertos.

Al verse en un escenario impredecible, la cúpula socialista optó por enrocarse. Como la realidad no les gusta, la contradicen y empiezan a decir que no hay nexo entre las actuaciones de la Administración y el mortal accidente. Basta leer lo que publicó este periódico en el último año para darse cuenta que las ilegalidades de Combayl y Blue Solving solo fueron posibles porque la Administración estuvo entre distraída y comprensiva.

Recuerdo, unos días después de la tragedia, a la consejera de Industria, Belarmina Díaz, interviniendo con vehemencia en la Cámara tratando de explicar que la culpa de la tragedia era de la empresa, porque los trabajadores estaban en un chamizo. Claro que sí, pero también era un chamizo uno, dos y tres años antes del desastre. El papel de la Administración está en distinguir entre una explotación minera y un chamizo. Y actuar en consecuencia.

Recuerdo también la intervención de un alto funcionario que, al referirse a las empresas de Chus Mirantes, dijo «que posiblemente nos tomaron el pelo». Hay que tener cuajo para hablar así. ¿Cómo iba a hacer una gestión correcta la Administración asturiana si la ministra para la Transición Ecológica Sara Aagesen creía que en Asturias no se extraía carbón?

Cambalache
Adrián Barbón tiene que asumir que el cambalache de las puertas giratorias (los consejeros «quemados» los envía a presidir la Autoridad Portuaria de Gijón, la empresa Hunosa o les da un escaño en el Senado) debe terminar con el cese de los recolocados por su gestión en la minería asturiana. El presidente del Principado tiene gusto por la retórica, no en vano la facilidad de palabra le hizo desde muy joven destacar en la agrupación socialista. Llevado por la retórica, dijo más de una vez que tiene «un compromiso de sangre con las familias mineras». Pues bien, otorgar un falso fuero a los políticos socialistas que tuvieron en sus manos evitar el desmadre del chamizo de Cerredo es incompatible con el pacto de sangre. A su lado, Alperi (Soma), que algo sabe de minas, apuesta firmemente por exigir responsabilidades políticas.