Hace unos días, Álvaro Queipo organizó un acto con los alcaldes del PP donde firmaron un manifiesto exigiendo al Principado un trato igualitario para todos los ayuntamientos, sin importar el color político. El PP asturiano siempre tuvo en la representación municipal su flanco débil, llegando a tener IU más regidores que la derecha. En las últimas elecciones municipales se empezó a corregir esa situación y ahora participa en diecinueve gobiernos municipales. El manifiesto fue la respuesta a un sentimiento compartido por los acaldes populares y formó parte de las iniciativas políticas propias del último año del mandato, cuando todo lo que se dice o hace tiene una dimensión electoral.

Los alcaldes socialistas tienen otra visión sobre la política municipal del Gobierno de Adrián Barbón. Todos ellos consideran que el Principado trata de igual manera a los consistorios, sean de izquierdas o de derechas; creen que el manifiesto busca desgastar al Gobierno regional, como parte de una estrategia general del PP que también se practica en las comunidades autónomas y en el Estado. Una política, la del Principado, es vista de forma opuesta según se mire con gafas de izquierdas o de derechas. La militancia partidista anula cualquier intento de juzgar desde la objetividad.

La experiencia de cuarenta y tres años de gobiernos municipales cohabitando con gobiernos autonómicos muestra que no es indiferente la tonalidad política de unos y otros. Compartir las mismas siglas conlleva mejores relaciones y un mayor apoyo (inversiones, convenios, acuerdos) desde la comunidad a los ayuntamientos. Esta dinámica rige siempre, con independencia del partido que gobierna. Si tras los próximos comicios se produce un cambio en las instituciones, al cabo de dos o tres años veremos que las quejas proceden de alcaldes socialistas y la conformidad de los regidores populares.

En una región con una pulsión localista muy fuerte (esa sí que es una seña de identidad asturiana) no se ha hecho nada por reordenar el territorio y sacar frutos de la unidad y la cooperación. Ahora, acabando el mandato, se va a presentar un proyecto de ley de ordenación del territorio que mira más hacia las partes que al todo. Preocupado por dividir los núcleos rurales en «tradicionales» y «comunes» para restringir cualquier intento de segundas residencias. Los ayuntamientos pequeños seguirán infrafinanciados. Mientras tanto, el potencial del área metropolitana continuará sin desarrollarse. Un dolor.