ARREGLAR CEUTA
El curso político se inició de una forma anómala, alejada de los cánones. La inmensa mayoría de ciudadanos son conscientes de que entre mayo y julio del próximo año habrá elecciones municipales, autonómicas y generales. Tras cuatro años de polarización política, los comicios se presentan a cara de perro.
En otras ocasiones, en una coyuntura como esta, estaban los líderes políticos haciendo promesas, aportando supuestos remedios. La economía tendría un papel predominante en el debate, como ocurre en todas las democracias europeas desde las crisis del petróleo de los años setenta. La izquierda pondría el énfasis en el Estado del Bienestar y la derecha en los impuestos y la productividad. Conocemos bien ese escenario porque lo hemos visto dieciséis veces desde la recuperación de las libertades (1977).
El actual curso político toma otros derroteros. Se hacen alusiones a las elecciones, siempre a modo de ajuste de cuentas, pero la cuestión electoral queda en un segundo plano opacada por la candente actualidad. A pocos meses de la triple cita electoral la opinión pública no mira hacia las urnas, sino hacia Ceuta.
Lo que sucede en la ciudad autónoma es inédito. El aspecto más llamativo no está en la invasión de un territorio español por una turba de indocumentados, sino en la ausencia de respuesta. La invasión se ha producido y el Gobierno solo sabe, cuarenta días más tarde, organizar campamentos de acogida con wifi. Marruecos dirigió la operación del paso de la frontera y España no la impidió. La autoría de la operación corresponde, inequívocamente, a Marruecos, que contó con la connivencia del Gobierno español. Sólo así se entiende que más de ochenta mil personas invadieran Ceuta, duplicando su población, y que cincuenta días más tarde haya trece mil deambulando por las calles y playas de la ciudad.
Pedro Sánchez declaró en una televisión amiga que «nos hemos dado (plazo) de aquí al final de año para arreglar la situación de Ceuta». ¿Tres meses y medio para devolver a los 13.000 ilegales? Después de ocho años en la Moncloa el presidente del Gobierno goza de una amplia incredulidad entre la sociedad.
«Arreglar» la situación de Ceuta no quiere decir devolver a los ocupantes a su país de origen. Por «arreglar» se puede entender, por ejemplo, acabar con la ocupación de playas y barrios, alojando a los invasores en carpas o barracones. «Arreglar» también incluye desplazarlos a la Península, de forma pactada o subrepticia, para acabar convirtiéndolos en transeúntes en espera de arraigo en territorios gobernados por el PP. De esa operación de realojo quedarían exonerados el País Vasco y Cataluña que tienen derecho preconstitucional a proteger su linaje. Para «arreglar» son útiles los menores de edad no acompañados que quedan bajo la tutela de la comunidad autónoma y tienen derecho inalienable al reagrupamiento familiar en España.
Cuando Sánchez promete «arreglar la situación», no parece que esté en su mente expulsar a los miles de invasores, sino gestionar el statu quo creado entre la actividad de Rabat y la pasividad de Madrid. La plaza fuerte de Ceuta bien pudiera ser el primer objetivo de una operación de mayor alcance.
La invasión de Ceuta mueve los cimientos del orden constitucional. La integridad territorial está en el art. 8 de la Constitución, como un bien a defender. Sánchez la invocó a finales de julio, pero después convirtió la invasión en una crisis humanitaria para que rimara mejor con sus pretensiones. La integridad territorial sigue cuestionada con miles de ilegales ocupando la ciudad.
Coinciden en el tiempo dos grandes anomalías. Acabaron con la normalidad de Ceuta los 80.000 indocumentados que entraron de forma ilegal. Y de forma callada, el Censo Electoral de Residentes Ausentes (personas que viven en el extranjero, pero obtuvieron la nacionalidad española) creció en 408.262 personas en los últimos tres años. La Ley de Memoria Democrática abrió la puerta al conceder la nacionalidad a todo hijo o nieto de exiliados. Luego, una disposición administrativa firmada por Sofía Puente, hermana del ministro Puente, otorgó la consideración de exiliado a todo aquel que hubiera abandonado España desde el inicio de la guerra civil hasta 1955. Un disparate intencionado que ha llevado a que aumente el Censo Electoral de Residentes Ausentes un 17,5%, mientras el Censo de Electores Residentes en España creció por debajo del 0,5%. Dos procesos de distinta naturaleza pero que siguen la estrategia de inflar artificialmente la población.