LA ÉTICA DEL SANCHISMO
La conmoción por la tragedia de Urda (Toledo) dio paso a dos respuestas de la sociedad, la primera un intenso interés por conocer lo que ocurrió para que se repitiera la catástrofe de Adamuz (Córdoba) y lo segundo qué decisión tomará el ministro de Transportes, Óscar Puente, responsable político del balance desastroso de la alta velocidad en los últimos tres años, cuando la degradación de las infraestructuras llevó directamente a los accidentes con decenas de muertos.
Las causas del desastre están en estudio, aunque ya están sobre la mesa dos veredictos: ferroviarios, técnicos y sindicalistas culpan de la catástrofe a la falta de mantenimiento, el escaso interés por la seguridad y el envejecimiento del material; el Gobierno achaca el accidente al fallo humano. El avance de la investigación dará o quitará razones, aunque en la larga exposición sobre el accidente realizada por Óscar Puente chirrían algunas afirmaciones como considerar normal que en este año se hubieran producido 170 incidencias o que fuera igual de válido el sistema de control con el que hubo las 170 incidencias, que el decidido por la Comisión Europea para utilizar en todos los países.
Las cifras indican que el Gobierno dio menos importancia al mantenimiento y la seguridad que al crecimiento de la red ferroviaria. España gastó 45,5 millones por cada mil km de la red. La media europea fue de 80,6 millones. Según la Comisión Europea, entre 2018 y 2024, España fue el país que más gastó en alta velocidad, 1.480 millones; a mantenimiento y renovación solo dedicó el 16% del gasto; Francia a esos fines destinó el 34% del presupuesto ferroviario.
El ahorro en mantenimiento y seguridad supuso que, entre 2018 y 2024, los accidentes pasaran de 40 a 97 (aumento del 142%) y los descarrilamientos de 7 a 22. Eso sí, el Gobierno gastó 1.371 millones en subvencionar billetes, que no deja de ser una manera original de estar en el mercado como demandante y como oferente.
Los electores son mucho más sensibles al impacto de inaugurar nuevos tramos de la red ferroviaria que a gastarse el dinero en mantener, reparar y controlar la red. En noviembre de 2025, Puente anunciaba a bombo y platillo la elevación de la alta velocidad a 350 km-hora, para ir de Madrid a Barcelona en menos de dos horas (en el Consejo de Ministros se repartieron pines conmemorativos para los ministros). Faltaban dos meses para la primera tragedia en la línea de Madrid a Sevilla.
A los accidentes se llegó por pasos. Primero fue la relajación en la puntualidad. Hasta junio de 2024, un retraso de 15 minutos implicaba la devolución del 50% del billete. Superar la media hora implicaba devolver el 100%. Desde entonces el retraso tiene que ser de una hora para devolver el 50%. Hora y media para recibir el coste íntegro del billete.
Tras la dejación de la puntualidad llegaron las vibraciones. Son una consecuencia del estado del tren y de la vía, pero Puente les quitó importancia. Posteriormente aparecieron la falta de suministro eléctrico y los enganchones de la catenaria, como formas de deterioro, hasta que, al final, aparecieron los accidentes ‘inexplicables’ e ‘inverosímiles’.
Óscar Puente acabó con las dudas al afirmar que no va a dimitir. Pedro Sánchez respalda su continuidad al frente del Ministerio de Transportes. No estamos ante el típico error de un ministro al hacer declaraciones o la falta de transparencia ante un asunto polémico, sino ante 115 muertos causados por dos trenes en dos días.
Si no dimite ahora, ¿qué tiene que pasar para que dimita un ministro de Pedro Sánchez? ¿Tenemos que aceptar como normal que el ministro de los trenes siga en su puesto cuando en la vía murieron 115 personas? ¿No entiende el presidente que no puede mirar a los ojos a los familiares de las víctimas manteniendo al jefe del Ministerio de Transportes en la poltrona? ¿Qué milonga va a contar en la campaña electoral, de transparencia y progresismo, para disimular el desaire que comete con millones de personas conmovidas con la tragedia? ¿Qué autoridad moral tiene, a partir de ahora, Óscar Puente para tomar decisiones sobre trenes?
A lo largo de la democracia hubo ministros socialistas que dimitieron, como José Luis Corcuera (el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley de la ‘patada en la puerta’), Antoni Asunción (la fuga del director general de la Guardia Civil), Fernández Bermejo (cazar sin licencia). Seguían una línea de conducta que no rige para el ‘sanchismo’. Comparar el motivo de dimisión de esos hombres con la imperturbabilidad de Sánchez y Puente tras la tragedia habla de dos éticas diferentes.