En la última campaña electoral, todos los partidos políticos se manifestaron a favor de realizar una gestión austera. El mandato europeo de reducir el déficit público (el 3% sobre el PIB para el 2013), la imposibilidad de pagar a los proveedores, la devolución de dinero al Estado y el incremento de deuda obligan a sacar las tijeras y recortar gastos. La idea de subir impuestos no está descartada por parte de los líderes de izquierda, pero es bien sabido que la reducción del déficit descansa más en ajustar gastos que en elevar los tributos.
En particular, Foro Asturias hizo bandera de la austeridad, porque su crítica al Gobierno de coalición estuvo basada en el despilfarro de la gestión (los sobrecostes en las obras públicas y el gasto corriente). Cuando aún no se ha cumplido mes y medio desde que el nuevo Gobierno tomara posesión, ya se pueden valorar los primeros pasos dados en esta materia. En los niveles más altos del organigrama del Principado (consejerías, viceconsejerías y direcciones generales) hay una reducción de cargos, que supone un ahorro de dos millones de euros anuales. Bien es cierto que en otras comunidades autónomas el recorte en altos cargos es más acusado, aunque ya advirtió Álvarez-Cascos que la reducción de gastos sería más profunda en la fronda de entes de la Administración regional.
La poda
En ese sentido es muy indicativa la decisión de la Consejería de Hacienda y Sector Público de auditar las 62 entidades en que tiene participación mayoritaria el Principado, mientras que hasta ahora sólo la podía llevar a cabo en dos servicios públicos y la RTPA. El cierre, fusión o privatización debe ser el destino de gran parte de esos entes públicos que acumulan una deuda de 350 millones de euros y tienen a 2.000 trabajadores en nómina. Cabe destacar que así como la deuda del Principado es de las más bajas de España, el nivel de endeudamiento de las empresas públicas asturianas está prácticamente en la media de todo el sector público autonómico. Esta deuda no se encuentra estabilizada y ha crecido más de un tercio en el primer semestre del año.
Nuestra comunidad autónoma siguió un proceso similar a la mayoría de regiones. Desde mediados del año 2008, los ingresos fiscales empezaron a disminuir, pero el Gobierno regional no se dio por enterado. De hecho, creció el presupuesto del Principado para el año 2009 y en la pasada legislatura el sector público asturiano alcanzó el máximo tamaño. El Gobierno de la izquierda siempre defendió el sector público con el argumento de que sería un disparate cerrar 112 Asturias o Bomberos del Principado, pero ni la Sociedad de Servicios del Principado (Serpa) ni Sedes ni la Sociedad de Gestión e Infraestructuras Culturales, Turísticas y Deportivas del Principado (Recrea) ni Viviendas del Principado (Vipasa) ni el Ente Público de Comunicación del Principado ni Instituto de Desarrollo Económico del Principado (Idepa) ni la Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado (Gispasa) resultan imprescindibles para el autogobierno asturiano. Pese a la gravedad de la coyuntura económica y la dificultad para recortar gastos, la izquierda no cree que se deban cerrar empresas públicas.
La política de austeridad también se extenderá a otros campos, como cabe deducir de la intervención de Álvarez-Cascos en la jornada de clausura de los cursos de La Granda, al cuestionar las subvenciones a fondo perdido para la actividad emprendedora. En menos de mes y medio, la política de austeridad del Principado tiene trazado el rumbo: reducción de altos cargos, poda del sector público autonómico y replanteamiento generalizado de la política de subvenciones.
Ayuntamiento de Gijón
Al haberse constituido las corporaciones municipales un mes antes que el Ejecutivo autonómico, es más fácil percibir la aplicación de la política de austeridad de Foro Asturias en el Ayuntamiento de Gijón. Tal como se publica hoy en EL COMERCIO, sólo en las nóminas de los concejales hay un ahorro de más de 247.000 euros, debido a la reducción de la dedicación exclusiva. En el pasado mandato, había 18 concejales con dedicación exclusiva, mientras que ahora sólo hay 11 y otros 3 con dedicación parcial. Hasta las últimas elecciones municipales, sumados el Gobierno (PSOE-IU) y la oposición (PP), dos tercios de los ediles estaban dedicados en cuerpo y alma al Ayuntamiento. A una situación así no se llega de golpe, sino poco a poco, aumentando la nómina de liberados en cada mandato, sin evaluar la eficacia de esa política. Digo esto último, porque recuerdo que en el primer mandato de Álvarez Areces como alcalde, sólo había dos concejales liberados, Jesús Morales y María José Ramos. A la vista está que aquel equipo hizo bastantes más cosas por Gijón que los 18 liberados del último mandato.
Pero el mayor ahorro se logra en el personal directivo, al recortar las direcciones generales, pasando de diez a cuatro. En directores Generales, el equipo de Carmen Moriyón gasta 221.000 euros y ahorra 313.000 euros con respecto al último Gobierno de la izquierda. Los grupos políticos instalados consideran que ese ahorro es demagógico y va a lesionar la gestión municipal, pero es fácil comprender que el exceso de jefes y los gastos que llevan asociados son más una carga que una ayuda. En cuanto al personal eventual, también se produce un ahorro de 85.000 euros, porque ahora no hay un tercer teniente alcalde que necesite asesor propio ni la Concejalía de Cooperación tiene ayudante ni es preciso un asesor en Llingua y Cultura Asturiana para gobernar la ciudad.En total, Carmen Moriyón logra que los gijoneses ahorren 646.000 euros en burocracia. Y falta por añadir el ahorro en las empresas municipales. Así habrá más recursos para políticas sociales.