Alberto González, secretario general de la Fade, manifestó que la morosidad en el pago de las Administraciones Públicas (Estado, Principado y ayuntamientos) a las empresas conduce a decisiones traumáticas, como el despido de trabajadores. Según Alberto González las empresas están en una situación límite. La diputada de Foro, Lilián Fernández, ha reprochado al secretario general de la Fade que no criticara en su día al Gobierno causante de superar los límites de gasto autorizados. Lilián Fernández considera extraño que no se cuestione el déficit público y se recrimine a los que tratan de atajarlo.

En la Junta General del Principado la Fade ha censurado el gasto corriente de los gobiernos de Álvarez Areces. El discurso de la patronal ha consistido en pedir apoyo a las empresas y a la economía productiva, en detrimento de otras partidas presupuestarias de contenido social o simplemente burocrático. La crítica de la Fade probablemente no haya sido toda lo enérgica que debiera, pero hay que entender que hasta hace unos años la opinión pública asturiana observaba con cierto recelo las declaraciones del empresariado por la hegemonía del discurso sindical. La Fade también ha advertido, repetidamente, del peligro de subir los impuestos, en vez de optar por reducir el gasto.

A mí entender, el punto débil de la Fade siempre estuvo en la contradicción entre sus posicionamientos y la práctica de los acuerdos sociales. La concertación social de los tres últimos mandatos lleva directamente al exceso de gasto. Entre 1999 y 2007, la situación se pudo reconducir por el gran crecimiento de los ingresos fiscales. Al iniciar la crisis, todo cambió. Sin embargo, Fade, UGT y CCOO, en el otoño de 2007, forzaron a un Gobierno en minoría parlamentaria a comprometer un volumen de recursos superior a los 2.500 millones de euros. De aquellos polvos estos lodos.

En la actualidad, la morosidad es una realidad insoslayable en todas las administraciones. En España, en el mes de marzo de 2009, los impagos a proveedores sumaban 12.300 millones de euros, y en junio de este año superaban ya los 50.000 millones: el 5% del PIB español. Esa es la realidad, y la culpa no es precisamente de los gobiernos formados después de las elecciones del 22-M. Cuando la caja está vacía y se heredan 211 millones en facturas sin contabilizar, la morosidad crece.