El Gobierno regional decidió un recorte de gastos para cumplir con el compromiso de terminar el año sin que el déficit público supere el 1,30% del PIB. El Principado disminuirá en 156,8 millones de euros las partidas del presupuesto de 2011. Un ajuste del 3,65%. Los recortes principales tendrán lugar en las consejerías de Fomento y Hacienda. La rebaja del presupuesto no afecta a Sanidad, Educación y Servicios Sociales, que representan casi el 70% del presupuesto. A diferencia de lo que ocurre en Cataluña, Galicia, Valencia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia o Madrid, los servicios públicos esenciales no se verán afectados por la poda de gastos. De esta forma, ni los ciudadanos sufrirán el recorte de los servicios básicos ni los departamentos de la Administración autonómica intensivos en mano de obra conocerán merma en el empleo.

¿Es indoloro el recorte de Cascos? No es posible borrar 156,8 millones de un presupuesto sin que haya afectados. La retirada de subvenciones o el aplazamiento de inversiones implican disminución de la actividad económica y ralentización o anulación de contrataciones. Llegados a este punto, la única discusión seria consiste en dilucidar si había otra forma de hacer los ajustes más benigna (recortar en otras partidas) y si el incumplimiento del mandato del déficit hubiera acarreado consecuencias menos gravosas. Cualquier otra polémica es ociosa.

En la minoración de gasto del Gobierno hay aspectos, como la reprogramación de inversiones plurianuales, que están pensados para dulcificar el coste del ajuste. En las consejerías, la mayor parte del recorte es sobre partidas de gasto corriente. Preservados los servicios básicos y reducidos fuertemente los gastos de funcionamiento de la Administración (supresión de mil líneas de teléfono móvil y 300 coches), cabe concluir que cualquier alternativa apenas podría aportar beneficios. En cuanto a la propuesta de infringir el compromiso del déficit conllevaría el castigo del Gobierno central, suspendiendo la firma de convenios o descontándolo de la transferencia de recursos tributarios. No existen atajos. Hubiera sido más llevadero empezar a equilibrar las cuentas en los dos últimos ejercicios, pero hasta el 22 de mayo todos los gobiernos autonómicos tuvieron licencia para gastar porque Elena Salgado miraba para otro lado.