Mañana se cumplen cien días de la toma de posesión de Álvarez-Cascos como presidente del Principado. En política, los cien primeros días de cada legislatura tienen un contenido simbólico, porque es el tiempo de gracia que da la oposición al Gobierno para juzgarlo. Cualquier error del Ejecutivo en ese periodo se considera disculpable, ya que está en periodo de rodaje.
Los cien primeros días de Cascos han sido un permanente combate sin tregua. Antes de ser investido presidente, la oposición ya había convertido el Parlamento en un fortín, colocando a Fernando Goñi (PP) en la Presidencia de la Junta General del Principado, gracias a los votos del PSOE. La primacía del presidente en el Parlamento sólo existió en la votación de investidura, porque a partir de ese momento la alianza PSOE-PP dominó en las instituciones autonómicas y también en las municipales.

Eje de fuerza

El intento de borrar el resultado electoral por el método de convertir al antiguo rival en socio hizo que en la política asturiana aflorara un eje de fuerza insólito (PSOE-PP), que se manifiesta en todas las disputas. Nada más empezar el mandato, los dos grupos lanzaron como iniciativa parlamentaria prioritaria la declaración del patrimonio de los miembros de la Cámara y el Gobierno. Algún líder dio incluso a conocer el patrimonio de su familia para forzar a hacer lo mismo al Gobierno. Cuando Foro Asturias colgó en su Web los bienes del presidente y de los consejeros, la oposición dijo que Cascos hacía ingeniería financiera. Hasta la fecha, jamás en España se había considerado falsa la declaración voluntaria de bienes de un presidente autonómico.
Tras la gris y densa tarea de tomar el relevo en la Administración a partir de un grupo político creado tres meses antes de las elecciones, el Gobierno de Cascos hizo algo novedoso en la etapa autonómica asturiana: levantar acta de la herencia recibida. Los gobiernos socialistas no podían incurrir en el contrasentido de criticar lo que ellos mismos habían hecho en los cuatro años anteriores. Sergio Marqués tampoco lo hizo en su día, pero Cascos procedió a ir aportando datos.

Herencia

En el discurso de la inauguración de la Feria de Muestras “aparecieron” 211 millones de facturas sin contabilizar. Luego, reveló que el Ejecutivo de Areces había ocultado el verdadero déficit público, al no dar a conocer una carta del Ministerio de Economía, llegada en plena campaña electoral, en la que rechazaba las cuentas del Principado. Corregir el exceso de déficit exige ahorrar 147 millones para equilibrar las cuentas. Más tarde, Cascos sacó a relucir los 1.642 millones que le debe el Gobierno central al Principado. Y finalmente comunicó que el Gobierno de coalición de la izquierda había hinchado la previsión de ingresos para este año, y la recaudación de Hacienda estaba 279 millones por debajo de lo presupuestado. Más allá de las comparecencias parlamentarias y las declaraciones oficiales, los altos cargos de la Administración dicen que no queda en caja ni un euro.
El 22-M supuso un vuelco en el mapa autonómico español. Los socialistas fueron desalojados del poder. Los nuevos gobernantes se quejaron de la herencia recibida (Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Cataluña), pero sólo en Asturias ocurre el fenómeno de que el PP hace causa común con la pasada gestión del PSOE. En vez de sumarse a la denuncia de Cascos, dicen que los números que presenta el Principado son una disculpa para no hacer nada.
PSOE y PP piensan lo mismo en todo. Están de acuerdo en elevar la edad para beber alcohol, aunque los socialistas tengan que rectificar la postura mantenida durante doce años en el Gobierno. Ambos partidos mantienen el mismo punto de vista sobre la RTPA, tanto sobre el recorte presupuestario como sobre la conveniencia de impedir la entrada de Foro Asturias en el consejo de administración del ente. Y coinciden milimétricamente en su postura con respecto al Centro Internacional Cultural Óscar Niemeyer.

Niemeyer

Sobre este último asunto merece la pena recordar las acusaciones (en el año 2006) de la entonces concejala de Gabino de Lorenzo, Pérez-Espinosa, cuando hablaba que el Principado pretendía un pelotazo urbanístico en Avilés utilizando a la Fundación Príncipe de Asturias; declaraciones que llevaron al Ejecutivo socialista a anunciar una querella. O la postura del grupo municipal del PP de Avilés, en aquella época, absteniéndose en el Pleno del Ayuntamiento de rechazar las injerencias de Gabino de Lorenzo. Con esos antecedentes, que la foto oficial de las candidaturas del PP a las elecciones del 20-N se haya hecho en el Centro Niemeyer es la viva imagen del oportunismo.
Fuera del muro que levanta la gran coalición opositora en el Parlamento, el Gobierno regional solucionó el contencioso del Principado con la Universidad, aceptando financiar la contratación de nuevo profesorado y anunciando el traslado de la Facultad de Medicina al nuevo Huca. El Gobierno regional dio un giro en la gestión de los fondos mineros. Puso en marcha la promesa del salario joven y sorteó las dificultades del inicio del curso escolar en las que han encallado otros gobiernos autonómicos. La concertación social está en sus primeros balbuceos, pendiente del resultado de las elecciones generales.
Cien días de desgaste que no permiten adivinar cómo será el resto del mandato. Tras el 20 de noviembre se sabrá si la coalición PSOE-PP es una apuesta estratégica de largo alcance y entonces estaremos abocados a unas elecciones autonómicas anticipadas, o si el PP responde a la lógica de su electorado. Lo cierto es que estos cien días fueron un prólogo cruento comparado con el dulce despertar de los anteriores mandatos.