Los portavoces del PSOE, PP e IU van a presentar una proposición de ley para que cualquier decisión del Principado sobre el sector público asturiano, incluidos los recortes de gasto, tenga que ser tomada por la Junta General del Principado. La oposición quiere que la norma se aplique con carácter retroactivo, de forma que el Gobierno regional no pueda reducir ni un euro de los 40 millones del Idepa, de los 72 millones de Sedes o de los 35 millones de la RTPA.

Desde una perspectiva política, la propuesta de los tres grupos es el ataque más claro al estatus del Gobierno realizado en Asturias después de la Ley de Cajas (año 2000). El acuerdo de los tres grupos es legítimo con tal de que den un paso al frente, derriben al Ejecutivo, y presenten a la Cámara un Gobierno de coalición, presidido por un dirigente socialista, por ser el grupo de la oposición con más escaños, aunque en caso de titubeos supongo que Pérez-Espinosa contaría con todas las bendiciones de Goñi, Aréstegui, Ovidio Sánchez y Gabino de Lorenzo para presentarse a la investidura. Desde la perspectiva de los resultados electorales y de las coordenadas ideológicas de los partidos, la propuesta de presentar una moción de censura conjunta es absurda, pero si repasamos lo ocurrido desde las elecciones hasta aquí, la presentación de una alternativa, PSOE-PP, sería la consecuencia del alto grado de coincidencia que tienen ambos grupos. Están de acuerdo en todo. Se unieron para controlar la Mesa de la Junta General del Principado; rechazaron los recortes de gastos de la propia Junta; relativizaron el ahorro de la Administración autonómica, con supresión de cargos públicos; ridiculizaron la reducción de mil líneas de teléfono y del parque de coches oficiales; no quieren que se toque ni un euro en la TPA; rechazan cualquier cambio en el Patronato de la Fundación Niemeyer; se alían para controlar Cogersa. Y ahora se ponen de acuerdo para gestionar el presupuesto del año 2011. Sólo les falta ser coherentes y ponerse a gobernar, pasando de las embozadas coaliciones de la oposición al explícito pacto del poder.

Ningún Gobierno puede suplantar al Parlamento. La Cámara representativa aprueba leyes y presupuestos. Pero ningún Parlamento puede sustituir al Ejecutivo, gestionando los recursos desde los escaños. En toda Europa reducir el déficit público es labor de los gobiernos.