En la conferencia inaugural del nuevo ciclo Fórum EL COMERCIO, Álvarez-Cascos hizo referencia a las cuestiones más sustanciales de la agenda política asturiana, empezando por la proposición de ley presentada por los tres grupos de la oposición (PSOE, PP, IU) para impedir que el Gobierno regional pueda tomar decisiones sobre el sector público asturiano sin el visto bueno de la Junta General del Principado. Esta norma tendría carácter retroactivo sobre cualquier decisión tomada por el actual Gobierno regional. Según Cascos, la oposición recurre a cambiar la legalidad para impedir que el Principado reduzca el déficit público. Las reglas del juego que valen para los socialistas se alteran para el Foro. El asunto es de mucho calado porque lo que pretende la oposición es que el Gobierno no pueda dejar sin ejecutar partidas destinadas a organismos como el Idepa o Sedes. Según la proposición de ley, la ejecución del presupuesto pasaría a ser de competencia del Parlamento. Como la ejecución de las cuentas regionales corresponde al Gobierno, lo que deben hacer los grupos opositores es ser coherentes y convertir su alianza parlamentaria en un pacto de Gobierno.

El presidente del Principado habló también sobre la alta velocidad asturiana, tras el anuncio hecho por el ministro de Fomento, José Blanco, de que llegará a Asturias en el año 2015. Lo más relevante no es el enorme retraso (para el año 2009 se iba a poder viajar Madrid-Gijón en dos horas y media, como también iba a estar completada la autovía del Cantábrico y la autovía del interior), sino el cambio del proyecto, al abandonar la alta velocidad por un tren de altas prestaciones, y al sustituir el ancho internacional de vía por el ancho ibérico. Según Cascos, mucho más grave que el retraso es el hecho de dejar a Asturias fuera de las líneas de la alta velocidad como consta en los documentos sobre corredores ferroviarios elaborados por la UE.

En su exposición ante la plana mayor del empresariado, Cascos señaló que trasladará a la Junta General del Principado una moción presentada el pasado año por el PP en el Congreso de los Diputados, para que los gobiernos regionales puedan gestionar de forma indirecta las televisiones autonómicas. ¿Respaldará el PP asturiano una moción de Rajoy? ¿Llevará la contraria a la dirección nacional? Y sobre todo: ¿se atreverá a romper con el PSOE?