En vísperas del gran debate televisado del bipartidismo, los candidatos proponen soluciones fallidas para problemas verdaderos: el empleo y el Estado del Bienestar. El crecimiento del paro es el drama español. La economía crece un poco menos que en el resto de los estados de la UE, o decrece un poco más, pero somos incapaces de crear empleo y estamos especializados en destruirlo. En esta materia somos los peores del mundo avanzado y gran parte del que no lo es, incluyendo a Grecia que se permite el lujo de hacer seis huelgas generales en un año y de mandar a decenas de miles de funcionarios para casa sin alcanzar la cota del 21,56% de desempleo que tiene España. Hace treinta o cuarenta años había un lema cursi para enamorados ñoños que se convierte en ley para el desempleo español: hoy más que ayer, pero menos que mañana.
El problema del paro es tan cierto como el fin de semana ventoso y otoñal, pero el enfoque del bipartidismo no es acertado. Rajoy pone el acento en la reducción del déficit. Digamos que se apunta al planteamiento ortodoxo, que lidera Ángela Merkel en la UE. Vaya por delante que contradecir esta política sería suicida para nuestro país, porque las autoridades comunitarias y los organismos internacionales tomarían medidas, como estamos viendo en Italia. La cuestión está en que llevamos dos años reduciendo el déficit y el paro no deja de crecer. Zapatero lleva aplicando esa política con resultados nefastos para el empleo. Sin embargo, la misma operación de consolidación fiscal la realizan nuestros socios europeos con resultados menos dolorosos. Para hacer más paradójica la situación añadamos que casi todos los países de la UE deben más dinero que España y tienen que refinanciar mayor volumen de crédito sin que ello genere aumento del paro.
Rajoy habla de bajar impuestos para crear empleo. Es una propuesta muy electoral, que no cumplieron ni los conservadores británicos (Cameron) ni los democristianos y liberales alemanes (Merkel). En España pasará lo mismo. Bajar impuestos cuando se trata de reducir el déficit es algo tan perjudicial como subir el sueldo a los funcionarios. Lleva razón Rajoy cuando dice que para salir del marasmo económico es indispensable la formación de un Gobierno fuerte y creíble. Es cierto, un nuevo presidente con mayoría absoluta transmite mucha confianza. Pero el tándem, ajuste fiscal-Gobierno fuerte, no creo que se pueda mantener durante mucho tiempo, porque los recortes minan los apoyos sociales de los gobiernos, y si el Ejecutivo se enroca en su mayoría absoluta el divorcio entre el Parlamento y la mayoría de la sociedad conduce a la crisis institucional.
Por su parte, Rubalcaba relativiza el recorte del gasto público y lidera la política de introducir estímulos. El Gobierno de Zapatero llevó a cabo la mayor operación de estímulos fiscales hecha en la España reciente, con los ‘planes E’, que repartieron 13.000 millones entre los ayuntamientos. Nunca se tiró en España el dinero más a lo tonto. Creció el déficit público hasta el 11,2% del PIB, aumentó el nivel de gasto corriente de los ayuntamientos (las nuevas piscinas y bibliotecas incorporan gastos fijos de mantenimiento) y los empleados eventuales acabaron en el paro. La pretendida solución se volvió problema. Rubalcaba dice que subirá los impuestos a los poderosos para crear empleo. Al hablar de crear empleo directo a lo mejor está pensando en un remedo de los ‘planes E’.
Zapatero ya endureció el IRPF para las rentas altas y para las bajas, aumentó la tributación de las rentas de capital y elevó el IVA, así como los Impuestos Especiales, sin que aumentara el empleo. Desde la perspectiva de generación de trabajo, un impuesto para los multimillonarios es tan irrelevante como demagógico. Conclusión: los enfoques electorales sobre empleo y paro son falsos porque nadie está aportando nada que no haya fracasado ya en España.
En la campaña, los socialistas juegan a ser los adalides del Estado del Bienestar. El discurso de Rubalcaba está lleno de advertencias sobre el recorte drástico a los servicios públicos que aplicará Rajoy. Se trata de un juicio de intenciones, ya que todos los candidatos, sin excepción, juran que mantendrán incólume el edificio del bienestar español.
Los socialistas ponen como ejemplo de recorte las privatizaciones de servicios llevadas en algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP. En esto hay una confusión de raíz: el servicio público se mantiene mientras sea universal y gratuita la prestación, con independencia de quien la gestione.
La gente no distingue si el barrendero, el médico o el maestro es funcionario o empleado de una empresa privada, lo único que le importa es la accesibilidad (gratuidad y universalidad) al servicio y la calidad del mismo.
Lo que no dicen Rubalcaba y Rajoy es que el Estado del Bienestar no se mantendrá con el actual nivel de paro. Lejos de ser un estigma cuestionar su viabilidad es una pregunta pertinente. La obligación de los candidatos es proponer modelos sostenibles de servicios públicos. Lo contrario de lo que ocurre con las prestaciones de la Dependencia en la que se cierra la ventanilla para los nuevos beneficiarios al amparo de disculpas burocráticas.