La Cámara autonómica se apresta a aprobar la propuesta de PSOE, PP e IU para que el Gobierno regional no pueda aligerar el sector público. La iniciativa de los tres partidos de la oposición consiste en retirar la competencia de disposición al Ejecutivo y ponerla en manos del Parlamento. El proyecto de Álvarez-Cascos de privatizar la empresa pública Sedes quedará vetado por el tripartito que tiene mayoría en la Cámara. La ley que permitía a Álvarez Areces gestionar el sector público se reforma para impedir que la pueda utilizar Álvarez-Cascos. El presidente del Principado apelará a todos los resortes legales para impedir la iniciativa de la oposición y vuelve a alertar sobre la preparación de una moción de censura.

Es difícil admitir que el Gobierno asturiano no pueda ordenar las empresas públicas que están bajo su férula. Hasta la fecha, el Principado creaba empresas con total libertad, así que también habría que aceptar que las pueda privatizar, fusionar o cerrar, según considere más oportuno. Esa perspectiva general da paso a otra consideración más urgente, ya que el Principado ha rebasado en el primer semestre el techo anual de déficit público (1,30% sobre el PIB) y necesita hacer recortes extraordinarios en el gasto para cumplir con el compromiso alcanzado con el Gobierno central en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La heterogénea oposición (izquierda y derecha) trata de impedir que el Gobierno regional pueda reducir un euro del sector público, entregando esa competencia al Parlamento. Llama la atención que los diputados asturianos del PP se presten a esa estrategia habiendo declarado Rajoy que el único enemigo de su Gobierno será el déficit público y el exceso de deuda. Para disimular, el PP asturiano dice que espera una llamada de Cascos para negociar la gobernabilidad.

Establecidas así las cosas, lo más coherente es que el tripartito opositor dé un paso al frente y se convierta en Gobierno. Suman veintinueve diputados, así que tendrían una amplia libertad de actuación. Ahora bien, si el objetivo es bloquear la gobernabilidad de la comunidad autónoma, lo más eficaz es atrincherarse en la Junta General del Principado, rechazar todas las iniciativas del Ejecutivo, negarle los recursos presupuestarios que pida al Parlamento, y festejar el fracaso de las instituciones autonómicas.