Sigue el turno de comparecencias parlamentarias para explicar el proyecto de presupuestos de 2012. Le tocó ayer a Florentino Alonso Piñón, consejero de Presidencia, quien anunció que el Gobierno regional estudia cobrar los gastos de los rescates a ciudadanos que practiquen deportes de riesgo, como el submarinismo o la escalada. Es una norma que existe en alguna otra comunidad autónoma (País Vasco). En la anterior legislatura, el Gobierno de Álvarez Areces propuso cobrar una tasa a las personas que por actividades imprudentes tuvieran que ser auxiliadas por los servicios del Principado.

El rescate de cualquier persona que está en peligro hay que realizarlo, por remoto e inaccesible que sea el paraje en el que se encuentre. En alguna ocasión, ese tipo de operaciones originó la muerte de miembros de las brigadas de salvamento, mientras el individuo accidentado regresaba aliviado a su casa. Explicada esa situación, parece lógico que la Administración pueda resarcirse de parte del coste de las operaciones, si el causante del percance se introdujo voluntaria y conscientemente en una situación de riesgo. La Administración tiene que advertir de los peligros, ya que es distinto internarse en los Picos de Europa un día de anticiclón que hacerlo en pleno temporal de invierno. En los dos casos puede suceder un accidente, pero sólo en el segundo se puede acusar de temerario el comportamiento del montañero.

La casuística es muy amplia y hay muchas situaciones intermedias, en las que es difícil discernir entre una actuación normal y otra imprudente. De ahí que la penalización al ciudadano accidentado tiene que ser sólo en casos manifiestamente comprobables. Cuando se pueda cargar indubitablemente la culpa sobre el individuo auxiliado la Administración podrá resarcirse. En cualquier otro supuesto, el Principado deberá pagar el rescate, como se venía haciendo hasta ahora.

Ahora bien, las responsabilidades económicas operan en los dos sentidos y casi siempre en contra de la Administración. Cada playa que no está vigilada, cada carretera deteriorada, cada paraje montañoso con desprendimientos de roca sin aviso para el caminante, obliga a pagar al ciudadano. Año tras año las administraciones en España tienen que indemnizar por infortunios al ciudadano, en especial en los servicios sanitarios.