El informe del letrado de la Cámara sobre la capacidad de la Diputación Permanente de aprobar proyectos de ley es concluyente: la competencia corresponde exclusivamente al pleno de la Junta General del Principado. En apoyo de su tesis, el letrado recuerda la posición unánime de los tratadistas, negando la posibilidad de que un órgano reducido pueda tomar decisiones que corresponden a todo el Parlamento. El letrado recuerda que el asunto no es urgente o de extraordinaria necesidad y que la medida (petición de endeudamiento para financiar inversiones) estaba en la hoja de ruta del Gobierno, luego podía haberse planteado con anterioridad. La única salida que se ofrece es tramitarlo a la mayor brevedad en la próxima legislatura.
La ciencia jurídica no resuelve los problemas prácticos. Si el Gobierno asturiano tiene que financiar el equipamiento del HUCA o las infraestructuras que permiten acceder al mismo, el déficit de competencia de la Diputación Permanente implica retrasos, cuando no aumento de gastos. La idea insinuada en el dictamen de aprobar los proyectos de ley que sean necesarios, y disolver posteriormente el Parlamento, no es real. El rechazo a los presupuestos es una decisión parlamentaria tan relevante que la disolución de la Cámara es una respuesta inmediata. En esto Cascos fue muy poco original, porque sobre esta situación hay abundante ‘jurisprudencia’ política; en todas las democracias se conoce la relación de causa-efecto, entre devolución de los presupuestos y disolución del Parlamento. Otra cosa es que en las comunidades autónomas nunca se haya procedido así, porque la permanencia en el escaño o en el Gobierno es la finalidad última de todo político que está en las instituciones. La respuesta habitual hubiera sido acudir a la prórroga presupuestaria, para pasar a una situación de bloqueo político, con la oposición negando el pan y la sal al Ejecutivo. Recuerden el consejo de Pérez-Espinosa a Cascos, «déjese ayudar».
Los socialistas condicionaron su apoyo a la petición de endeudamiento del Gobierno a lo que dijera el informe preceptivo del letrado. Conocido el mismo, es de suponer que los votos de la oposición rechazarán debatir sobre el proyecto de ley. Ni tenemos presupuestos ni se pueden aprobar créditos extraordinarios ni cabe acudir a la deuda. Las facturas en los cajones se acumulan.