La dirección asturiana de UPyD ha fijado las condiciones para apoyar la investidura de los candidatos a la Presidencia del Principado. Dentro de un conjunto de propuestas destacan tres puntos concretos: fusión de municipios, reforma de la ley para que haya una sola circunscripción electoral y una comisión parlamentaria para investigar el “caso Renedo”. Con un solo escaño, el partido de Rosa Díez lanza un órdago a los grupos que aspiran a gobernar. La supresión de ayuntamientos supone chocar con el sentir identitario y localista de alcaldes, concejales y vecinos. Convertir a Asturias en circunscripción única es romper el viciado consenso de la transición política asturiana, cuando el partido mayoritario ahormó el sistema electoral a su medida, creando el artificio de las alas, como territorio con voto político cualificado. Abrir una investigación parlamentaria sobre la corrupción en torno a los aprovisionamientos del Principado es una bofetada política para el PSOE.

La situación económica exige introducir cambios profundos en la Administración y uno de ellos es acabar con el minifundismo municipal, con decenas de ayuntamientos de menos de cinco mil habitantes sin capacidad de gestión. Con fusiones de ayuntamientos mejora el gobierno municipal y se ahorra mucho dinero, empezando por los cargos políticos que se suprimen. La modificación del mapa electoral es una propuesta acertada que busca dar el mismo valor al sufragio de todos los asturianos y crea sentido de región, al votar todos los ciudadanos a los mismos candidatos, evitando compartimentos territoriales interesados y absurdos. Y llevar el “caso Renedo” al Parlamento supone revisar la gestión política del último gobierno socialista.

El grupo de Rosa Díez ha puesto sus cartas encima de la mesa. La posición política de la dirección asturiana de UPyD está atada a estas demandas. No tendría sentido plantear unas exigencias tan fuertes y aceptar soluciones trampa por parte de los partidos mayoritarios. Si UPyD se da por satisfecha con respuestas vagas, como el compromiso de establecer un estudio sobre la viabilidad de las fusiones municipales o aceptar un debate parlamentario sobre el cambio de la ley electoral, habrá arruinado gran parte de su credibilidad en el inicio del mandato. Ignacio Prendes ha fijado el listón del pacto.