A la Junta General del Principado le toca jugar un papel destacado en este mandato. Durante muchos años, la mayoría absoluta de la izquierda y el monopolio de la oposición por el PP redujeron la actividad parlamentaria a un mero trámite. En la legislatura pasada, con los escaños muy repartidos entre cuatro partidos (el grupo más grande era Foro y sólo tenía 16 escaños), la negociación parlamentaria debería haber dado paso a un nivel mínimo de acuerdo, cosa que sólo se logró entre las dos principales formaciones de la oposición, aunque dadas sus diferencias ideológicas nunca quisieron convertirlo en una alternativa de gobierno. En consecuencia, el anterior mandato fue el del rechazo y el inmovilismo, hasta llegar a la convocatoria a las urnas.
Ahora hay más partidos que nunca en la Cámara y un gran equilibrio en términos de izquierda/derecha. No cabe pensar en otro mandato perdido, luego el entendimiento es inevitable. La Junta General del Principado ha elegido a un presidente con gran experiencia política, superior a la que atesoraban sus predecesores cuando llegaron al cargo, y todos son conscientes que el grado de cabreo de los asturianos con la clase política alcanza cotas máximas.
Sueldos
Debido a ello, la primera obligación de los diputados y del Parlamento, como institución, es sintonizar con la calle. Esta semana dieron los primeros pasos en la dirección correcta, al renunciar a los coches oficiales de más de cinco metros de largo que habían contratado hace media docena de años. Con la renuncia sólo se ahorran 60.000 euros, pero en una región con 100.000 parados el gesto tiene un valor que excede con mucho al apunte contable. También se ha reducido el sueldo al personal eventual, siendo muy sensible la bajada aprobada para los asesores, cercana a un tercio de sus percepciones brutas. Hace falta que los miembros de la Mesa y los portavoces completen la tarea reduciendo el sueldo de los diputados. Sí, como suena, los diputados deben ganar menos.
Soy consciente que los emolumentos de los políticos asturianos no son especialmente altos. Sin embargo, hay que rebajar las retribuciones por varias razones. Iniciamos un mandato marcado por los recortes presupuestarios; todos los servicios, desde la sanidad hasta el protocolo, van a sufrir merma de recursos; aunque en el debate de investidura se hagan encendidas proclamas en defensa de los servicios públicos, a final de año comprobaremos que todos ellos tienen una cobertura económica menor. Dentro de la Junta General del Principado, se acaba de recortar el sueldo al personal eventual para reducir el gasto de la institución. ¿Se puede bajar el gasto del Parlamento y mantener la asignación de los parlamentarios? ¿Es de recibo rebajar las nóminas a los 35 empleados de los grupos y mantener el sueldo a los 45 diputados? Por último, estamos en un momento en que empresas y trabajadores negocian bajadas de salarios como forma de mantener el empleo y enjugar pérdidas. Con ese ambiente en la calle, los diputados deberían actuar con coherencia. Cuando en el sector público y el privado se generalizan los recortes, los encargados de hacer la ley no pueden constituirse en interesada excepción a la norma.
En el mes de junio de 2011, la Junta General del Principado inició el mandato con mal pie, aumentando la cobertura presupuestaria de la institución en 400.000 euros, una cantidad que contemplaba una fuerte subida salarial a los portavoces adjuntos, equiparándolos a los titulares. En los últimos diez meses, fue la subida de sueldo más grande del sector público asturiano. Esa forma bochornosa de iniciar el mandato no debe ni puede repetirse ahora.
Vacaciones
Como la sesión de investidura se celebrará en la segunda quincena de mayo, no está de más advertir que el curso parlamentario debe seguir con toda normalidad hasta agosto. Y lo que es más importante, hay que evitar la oculta prórroga de las vacaciones que sucedió durante varios mandatos, consistente en celebrar un acto protocolario el Día de Asturias y volver a verse las caras en un pleno parlamentario en torno al 15 de octubre. A ello hay que sumar las interminables vacaciones de Navidad, con el Parlamento cerrado hasta después de San Blas.
Fruto de todo ello es la ausencia o escasez de debates de peso. En la actualidad está en cuestión la minería, la fabricación de armamentos, el mantenimiento de las producciones siderúrgicas, los costes eléctricos de la gran industria asturiana, la competitividad de El Musel y las ayudas a la ganadería. No pueden los diputados mostrar indiferencia. No hay nada más irritante que escuchar a un portavoz parlamentario decir cuatro frases estereotipadas sobre el empleo y verlo luego entregado a sus cómodas rutinas.
Tras la sesión de investidura, la primera tarea de peso del Parlamento será discutir el estado de las cuentas y tomar medidas. Hay que llegar a acuerdos sobre bases realistas. No se entendería dar el visto bueno a planes de ajuste, como el último acordado por Elena Salgado con el gobierno de coalición la izquierda, allá por el mes de abril del pasado año, cuando se consensuó que en el 2012 se mantendría la contención del déficit con un ¡crecimiento del PIB asturiano del 4,4%!