El ministro de Hacienda le pide a Álvarez-Cascos que solucione la “cuita política” y presente un Plan Económico Financiero, porque en caso contrario la gestión económica del Principado será intervenida por Madrid. Cristóbal Montoro asegura que el Consejo de Política Fiscal y Financiera necesita aprobar los planes de los gobiernos que ejecutarán el ajuste, porque eso es lo que hace fiable un programa de austeridad. El ministro dice que el cambio de gobierno complica enormemente la validación del programa de recortes.

Las manifestaciones del ministro de Hacienda dejan al lector con la boca abierta. En ningún momento da un dato contable, ni se refiere a ratios del presupuesto ni menciona el déficit, la deuda o el gasto en los servicios públicos. Amenaza con la intervención porque en Asturias hay un gobierno en funciones y eso no cuadra con el calendario establecido por el ministerio para equilibrar las cuentas de las comunidades autónomas. Tal parece que recurrir judicialmente el resultado de las elecciones, trasladar el desacuerdo al Tribunal Constitucional y mantener la negociación parlamentaria abierta hasta el próximo martes, día del pleno de investidura, tiene el coste inevitable de la intervención del Estado. Si en el proceso político asturiano se hubieran cometido irregularidades no habría razones para la queja, pero como todo fue escrupulosamente legal, el Gobierno central tiene que respetar los pasos dados. De las palabras del ministro se deduce que en Madrid produce especial fastidio encararse con un plan de ajuste hecho por un partido en el gobierno que tal vez no sea el mismo que siga en el poder tras la sesión de investidura. Reconozco que puede producir algún trastorno, pero así es la dinámica en las instituciones: se firma un plan con un gobierno y lo gestiona el que lo sucede. Un trastorno mucho más grave sería mandar a los interventores del Estado a Asturias a controlar el gasto público, tomando decisiones que le corresponden al gobierno de la comunidad autónoma.

El PP regional ha emitido un comunicado en el que insiste en la provisionalidad del Gobierno de Cascos, como si en la Ley de Estabilidad Presupuestaria se le negara capacidad de hacer el ajuste a los gobiernos en funciones. Luego se descalifica las previsiones del plan del Principado. Por ahí hay que empezar, pero dando datos concretos.