Tal como había anunciado Cristóbal Montoro, Asturias ha sido suspendida en el examen del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El plan económico del Gobierno de Álvarez-Cascos ha sido rechazado por el Ejecutivo central, y ahora tiene quince días para corregirlo. En caso de no hacerlo le pueden ser impuestas sanciones y, en último término, las cuentas serían intervenidas por el Ministerio de Hacienda. Esta última arma fue presentada en primer lugar por Montoro el pasado sábado, cuando dijo que había mandado a la Abogacía del Estado y a la Intervención General del Estado que estudiaran la intervención en el Principado. Está claro que el anuncio del mal mayor buscaba un objetivo extrapresupuestario, y en seguida tuvo reflejo en el anuncio de UPyD sumándose al acuerdo con el PSOE.

El plan económico de Asturias no se acoge a la fórmula oficial del recorte en las partidas de Educación y Sanidad, sino que lo hace en las empresas públicas. Primer motivo de conflicto. Asturias tiene en este momento superávit en sus cuentas –es la única región que no presenta números rojos-, pero tiene retenido gasto por valor de 487 millones de euros. El Ministerio de Hacienda dice que esa retención de gasto no es indefinida, así que el consumo de las partidas conllevará la aparición de un déficit que debe ser compensado con más recortes. El Principado argumenta que ese hipotético escenario tendrá respuesta adecuada cuando ocurra, pero que en la actualidad el ajuste presentado es el adecuado. Como el Principado no da el brazo a torcer, el Ministerio de Hacienda rechaza el plan de ajuste y pone al Gobierno de Javier Fernández la tarea de recortar 616 millones del presupuesto.

Desde una visión técnica, la discusión del ajuste fiscal es ininteligible para el ciudadano. Es complicado hacer un juicio. Pero políticamente es muy difícil de entender que la única comunidad que a mediados del presente mes tiene superávit no supere un examen fiscal centrado en la contención del déficit. Es muy extraño que comunidades como Cataluña, Murcia, Andalucía o Extremadura vean rebajado su “rating” por Moody,s, debido a la imposibilidad de cumplir con el objetivo de déficit de 2012 (1,5% sobre PIB), y que obtengan el aprobado en el examen del Ministerio de Hacienda. Los bonos basura de Cataluña y Murcia tienen para Madrid más credibilidad que el ajuste de Cascos.