Javier Fernández, presidente virtual del Principado, afirma que el ajuste fiscal no tiene alternativa porque se debe cumplir la legalidad. El Ministerio de Hacienda exige un reequilibrio entre gastos e ingresos de 616 millones de euros, que obligará a un importante recorte en los servicios públicos, una operación que el futuro presidente espera hacer de la forma más indolora posible, ya que habla de “minimizar daños”.

El Gobierno ha aprobado una norma, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que restringe el margen de gestión económica de las comunidades autónomas. Además, ya ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, que permite al ministro de Hacienda destituir a cualquier responsable autonómico que infrinja la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Con las leyes que permite la mayoría absoluta, Rajoy ha cambiado la correlación de fuerzas entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Por ello, el pasado jueves tuvo lugar una insólita reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en que las otrora poderosas autonomías han agachado la cabeza ante las exigencias de Cristóbal Montoro. En ese panorama, la única voz discrepante fue la de Álvarez-Cascos, que se acogió a la particular situación creada con la prórroga presupuestaria y la negativa recibida a su petición de endeudamiento, para hacer un ajuste más benigno, que no toca la Educación y la Sanidad, cargando el recorte sobre las empresas públicas.

Esta situación es improrrogable, por dos razones. Con el nuevo marco legal, el Ministerio de Hacienda tiene un poder de intervención exorbitante en comunidades autónomas y ayuntamientos. Además, parte de los pagos que están detenidos por culpa del rechazo dado por la Junta General del Principado al crédito pedido por Cascos, quedarán desbloqueados con la llegada del nuevo gobierno y al ejecutarse se producirá un déficit que habrá que absorber. Javier Fernández va a tener que recortar los 616 millones, lo que significa meter la tijera en los servicios públicos, porque es una cantidad demasiado grande para despacharla con eliminación de gastos superfluos. Gobernar en Asturias, o en cualquier otra comunidad autónoma, en los próximos tres años es trasladar mensajes desagradables a la ciudadanía.