El conocimiento del déficit oculto de Madrid, Valencia y Castilla y León deja en muy mal lugar el acuerdo alcanzado en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera. Soraya Sáenz de Santamaría había hablado de un gran pacto de Estado y resulta que el acuerdo tenía trampa, porque debajo de la mesa habían quedado camuflados 4.000 millones de euros que elevan el total del déficit de las administraciones públicas en el 2011 al 8,9% sobre el PIB. En el pasado ejercicio, que se presentó como de recortes y sacrificios, el Estado sólo enjugó tres décimas de déficit. España proyecta una mala imagen hacia el exterior, porque los órganos de gobierno de la UE comprueban que no sólo los bancos ocultan mercancía falsa, sino que también lo hacen los responsables públicos. El escepticismo sobre los datos oficiales de España aumenta y por ahí empezó el descrédito de Grecia.

Un golpe para el Gobierno de Rajoy, ya que las tres comunidades autónomas que habían presentado cifras falsas están gobernadas por el PP. Montoro debe dedicar más atención a los territorios gobernados por sus compañeros de partido y menos a las regiones gestionadas por otros grupos políticos. Las cifras que han aflorado no han hecho cambiar el objetivo del Gobierno de acabar el año con un déficit del 5,3%, lo que significa reequilibrar ingresos y gastos en 3,6 puntos. Una cura de caballo, doce veces superior a la realizada en 2011, que ningún observador cree que sea posible ya que supone reducir la brecha del déficit en 36.000 millones de euros, con 600.000 parados más y la prima de riesgo por las nubes.

Álvarez-Cascos señala que “los acuerdos patrióticos de Montoro duran 24 horas”. El presidente en funciones asturiano dice que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera hay mucha política y poca economía. En el citado órgano se hicieron todo tipo de trapacerías, desde los tiempos en que el Gobierno y los ejecutivos regionales pactaban el actual modelo de financiación autonómica. El Gobierno de Zapatero se negó a dar datos sobre lo que recibían de más o menos las distintas comunidades autónomas. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera se trata a las regiones por su peso político y económico, por eso a Asturias se le pide que reduzca en sanidad y educación, cuando lo que importa es la cuantía del recorte no las partidas sobre las que se aplica el ajuste.