Las tareas se agolpan sobre la mesa del Gobierno regional. El ministro de Economía quiere que el jueves le presente el Principado un plan económico que incorpore el ajuste de 616 millones de euros en el presupuesto. El plazo impuesto por Cristóbal Monotoro no es de recibo, así que Javier Fernández podrá emplear más tiempo en hacer su propuesta, pero deberá realizarlo con mayor celeridad de lo que sería deseable. Establecido el recorte, habrá un punto de partida para confeccionar las cuentas del 2013.

En el discurso de investidura, el presidente del Principado señaló que la primera prioridad de su gobierno sería la lucha contra el paro. Desde que la crisis económica empezó a hacer estragos en España, allá por el año 2008, todos los responsables políticos, sean de carácter estatal, autonómico o local, ponen la creación de empleo en el frontispicio de sus programas de gobierno. Esta declaración de intenciones hay que verla como una postura moral, de rebeldía ante la lacra del paro, pero no se puede pensar que los gobiernos tienen soluciones efectivas para crear empleo, y menos los de carácter autonómico o municipal. El Principado, como sus homólogos de Cataluña, Aragón, Murcia, Baleares o Castilla y León, no dispone de recursos económicos para financiar inversiones públicas. Ni estamos en condiciones de aumentar nuestro endeudamiento para reactivar la economía. El ajuste de los 616 millones va en la dirección contraria a la creación de empleo o al simple mantenimiento del mismo. El Principado está obligado a ser solidario con los pactos alcanzados por el Gobierno de España con la Comisión Europea, en los que se fija como gran prioridad la reducción del déficit desde el 8,9%, en que terminó el 2011, hasta el 5,3% comprometido para este año. El Principado podrá endeudarse y gastar el día que Merkel dé su brazo a torcer, mientras tanto la política económica de la UE tendrá más de anorexia que de estímulo. No se puede juzgar a los gobiernos autonómicos por lo que no pueden hacer.

El ajuste tiene una consecuencia directa en la gestión de los servicios públicos, ya que no cabe reducir el presupuesto en 616 millones dejando la sanidad, la educación y los servicios sociales fuera del recorte. El reto del Principado consiste en minimizar los daños de la rebaja. Para ello es fundamental contar con el apoyo de los empleados públicos.