Javier Fernández se ha reunido con Justo Rodríguez Braga y Antonio Pino para hablar de la concertación social, objetivo prioritario de los dirigentes sindicales. El presidente del Principado ha dicho que el Gobierno trabaja en la confección del ajuste fiscal, que deberá presentar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Una vez decidido el ajuste, Javier Fernández se marca un plazo de quince días para la apertura de la concertación social.

Los dirigentes de los sindicatos tienen prisa por empezar a negociar, aunque ambos se mostraron comprensivos con el calendario expuesto por el presidente del Principado. En realidad, el plazo puesto por Javier Fernández es propio de una negociación exprés, porque al mes y pico de empezar a gobernar va a ponerse a negociar sin haber hecho otra cosa que cerrar las cifras del ajuste fiscal. Antonio Pino dice que urge abrir la negociación por la situación económica, social y parlamentaria de la región. Empecemos por lo último. El presidente fue investido por la mayoría absoluta de la Cámara, así que los agentes sociales no le van a sacar de ningún apuro parlamentario al presidente. En otra época (año 2007), Álvarez Areces aceleró el pacto social para rodearse de aliados ante una Cámara hostil, pero en la actualidad no se da esa situación. La situación económica y social de Asturias es muy mala, pero pactar con los sindicatos unos compromisos de gasto no resuelve los problemas. Si se dedican muchos recursos a realizar contrataciones, empeorará el déficit público y la deuda, y si se controla rígidamente el déficit se malogra el pacto social. Dicho de otra manera: para cualquier gobierno dedicado a realizar un ajuste del diez o el quince por ciento del presupuesto, acometer un acuerdo social supone moverse entre contradicciones. Bien es cierto que en Asturias los sindicatos pesan mucho y los gobiernos de izquierda están obligados a oficiar la liturgia de la concertación.

Los sindicatos quieren incluir la sanidad y la educación en la agenda de la negociación. No es la primera vez que hacen esa petición. La política sanitaria o educativa incumbe sólo al gobierno, sin que la patronal y los sindicatos tengan nada que decir. Introducir esos dos grandes capítulos en la mesa de negación sirve para convertir el diálogo con los agentes sociales en un remedo de los debates parlamentarios.