La ausencia de Rajoy dio la oportunidad a De Guindos de protagonizar un momento histórico: el anuncio al mundo del rescate español. El 9 de junio quedará grabado como la fecha más importante para nuestro país desde el estallido de la crisis económica (julio de 2007), muy por encima del derrumbe de Lehman Brothers (septiembre de 2008) y de la claudicación de Zapatero ante las condiciones de sus socios (mayo 2010). Con un ministro de Economía aún más nervioso de lo que se encuentra habitualmente –con la cara poblada de tics, sin poder adaptar su cuerpo a la butaca y en un amplio despliegue gestual que no lograba gobernar debido a la tensa reunión con los miembros del Eurogrupo-, el crédito de Europa a los bancos quedó expuesto sobre la mesa.
De Guindos se empeñó en rebatir verdades elementales: Europa “no nos rescata, nos da una ayuda” (no conozco ningún rescate económico, personal o social que no sea una ayuda); el rescate-ayuda es incondicional, sólo plantea exigencias a los bancos (los bancos, al parecer, no tienen nada que ver con el resto de España); y el dinero inyectado al FROB por la eurozona sólo representa ventajas, aunque evitó contestar una pregunta sobre por qué no se había solicitado antes la ayuda europea si de ella sólo se derivan beneficios.
Falacias
La secuencia final de la crisis financiera, iniciada con la intervención en Bankia, se cierra con la aportación de 100.000 millones de euros a los balances de los bancos. La implicación del Estado es total, porque el dinero será ingresado en el FROB, de modo que contabiliza como deuda pública, y los intereses de esa deuda incrementarán el déficit público. A estas alturas de la crisis económica, tratar de diferenciar entre deudas públicas y deudas privadas, apreturas económicas de bancos y solvencia del país, es un empeño infantil. Cuando los bancos se financian comprando deuda pública y el Estado se endeuda para ayudar a los bancos, no hay posible cortafuegos que separe las urgencias de unos y otros.
De Guindos puso especial énfasis en aseverar que ni los ciudadanos ni la operación de consolidación fiscal se verán afectados por el crédito europeo a la banca española. Sin embargo, el ajuste fiscal será controlado por Europa de una forma mucho más ejecutiva que hasta ahora, porque los fondos procederán del Mecanismo de Estabilidad Financiera. El margen que tenía el Gobierno de España para decidir sobre subidas o bajadas de impuestos, o recortes del gasto público, va a quedar reducido a la mínima expresión. No será una imposición política sino una consecuencia de la lógica económica: el acreedor vigilará por la solvencia del deudor. Para los que crean en la independencia de las instituciones financieras con respecto a la economía del Estado, hay que recordar que la desastrosa gestión de la economía nacional acabó mandando al sector financiero a la UVI.
En cuanto a la ausencia de relación entre rescate financiero y condiciones económicas de los ciudadanos cabe decir que es una falacia. Los bancos tendrán que devolver dinero y sanear sus cuentas con cargo a las operaciones que hagan en los mercados, donde se mueven empresas y familias. Los fondos prestados que gestionará el FROB suponen un incremento de la deuda pública, así que a lomos de los ciudadanos se realizará el desempalancamiento de Estado y bancos.
Errores
Mil veces se ha repetido que la insolvencia bancaria proviene de su exposición al riesgo inmobiliario. Es cierto, los bancos, pero sobre todo las cajas, se han dedicado durante los años de bonanza al monocultivo del solar y del ladrillo. Sin embargo, no se ha destacado suficientemente que el derrumbe de las cajas de ahorro, su incapacidad para salir de los números rojos, provino de decisiones políticas. Cuando las cosas empezaron a pintar mal, el Banco de España lanzó la política de fusiones bancarias. De inmediato, los caciques autonómicos se opusieron a unir cajas de distintas regiones. Contra toda lógica, se fusionaron enfermos con moribundos, y así nacieron zombis como CatalunyaCaixa, Novagalicia Banco o Bankia, que sólo para cumplir con los requerimientos impuestos por De Guindos y sanear pérdidas necesitan de más de 30.000 millones de euros. Tres entidades fallidas desde su constitución que aglutinan en activos 476.000 millones de euros. Hubiera sido mucho más congruente que esas entidades se hubieran fusionados con bancos sanos, y así no tendríamos un tercio del sector financiero dando gritos de socorro en espera del salvavidas europeo.
Los socios europeos presionaron al Gobierno para que pidiera el rescate, porque en el mes de abril habían huido 31.400 millones de euros de los depósitos constituidos por empresas y ciudadanos. En el último año se habían esfumado 103.735 millones de euros de depósitos bancarios. Con la prima de riesgo por las nubes y la credibilidad de los bancos por los suelos, había el peligro que cundiera el pánico, y por eso se optó por ganar solvencia con la recapitalización de la banca de la mano de los fondos del Mecanismo de Estabilidad Financiera.
Políticamente, la operación de rescate supone un fracaso del Gobierno de Rajoy, que no pudo aportar confianza a los mercados con las reformas y los planes de ajuste. Ganamos crédito financiero y perdemos autonomía política y económica. Las comunidades autónomas, también. De eso habrá que hablar otro día.