El protagonismo político en Asturias está en la calle. La huelga de la minería dura ya 24 días; en la última semana, las movilizaciones de los mineros han dado paso a una batalla campal con las fuerzas de orden público. Las imágenes se abren hueco en los informativos de media Europa y dan un mensaje equívoco sobre el comportamiento firme de Rajoy en su política de recortes. La distorsión reside en que al presidente del Gobierno las verdaderas dificultades le vendrán cuando tenga que enfrentarse con huelgas en servicios esenciales, como la sanidad, que a la sociedad se le hacen insoportables. Dejar de producir carbón no causa trastornos ni al sector energético ni al sistema productivo. Pese a ello, mal haría el ministro de Industria en creer que este conflicto lo puede zanjar sin hacer concesiones. La historia muestra que los sindicatos mineros tienen una profunda cultura pactista, pero frente a la cerrazón se muestran muy tenaces. Sería muy conveniente llegar a algún tipo de acuerdo antes de que pueda ocurrir una desgracia que nadie desea.
Simultáneamente, durante algunas jornadas se desarrolló una huelga en el sector del transporte, y los profesionales de la educación y la sanidad se manifiestan con frecuencia en la vía pública. Repito, el protagonismo está en la calle.
Calle y Junta 
Mientras todo esto sucede, la Junta General del Principado destila quietud, como aquel famoso casino decimonónico inmortalizado en novela. Tras la investidura parlamentaria de Javier Fernández, la Cámara recobró la serenidad. Veintitrés días más tarde -el pasado jueves-, se celebró otro pleno de la Junta para aprobar el sistema de pago a los proveedores, porque al día siguiente se cerraba el plazo impuesto por el Gobierno central. Nos avisan que a finales de mes habrá otro pleno para hacer los nombramientos en los organismos dependientes de la Junta, como la Sindicatura de Cuentas. Luego llegarán los calores de julio…
La calle arde y la Junta sestea. Ni la huelga de la minería ni la del transporte ni las movilizaciones de los funcionarios provocan inquietud entre los escaños. El conflicto minero tiene mucha más repercusión en las instituciones nacionales que en las asturianas. Antonio Trevín pudo blandir una lámpara minera, desde su escaño en el Congreso de los Diputados, algo que no está al alcance de ningún diputado autonómico porque no se convoca un pleno de la Junta General del Principado para debatir sobre el conflicto minero. Los diputados regionales están acostumbrados a verlo todo y a no hacer nada. En un mes de enorme tensión social, con la banca rescatada, los mercados financieros haciéndonos pagar el sobreprecio de los países insolventes para colocar deuda, y con los sectores tradicionales de la economía regional en trance de desaparición, el Parlamento asturiano programa dos plenos, uno para dar por bueno el crédito del Gobierno para pagar las facturas atrasadas de los proveedores, y otro para cumplir con la burocracia de los nombramientos en organismos que cuelgan de la férula pública. Eso sí, este año, de forma excepcional, en el mes de julio habrá comisiones parlamentarias ante las que desfilarán los consejeros del Principado.
Hace diez días, Esperanza Aguirre, la mujer con más instinto político entre la fauna autonómica, propuso reducir a la mitad los escaños de la Asamblea de Madrid, como forma de ahorro. La propuesta cayó como una bomba en la clase política, porque se interpretó como una forma de ERE para un sector repleto de intocables. En Asturias, los parlamentarios, rápidamente, aclararon que los 45 escaños de la Junta se ajustan al estándar de un diputado por cada 23.000 o 24.000 ciudadanos y se quedaron tan contentos.
Sin leyes
El número de escaños no depende únicamente del volumen de la población que se representa, sino de la labor que realizan los diputados. Para llevar a cabo un programa de trabajo como el que se desarrolla en la Junta basta un pequeño grupo de representantes. Además del ahorro habría una ventaja añadida: no contarían con el beneficio del anonimato, en el que escudan tantas señorías que solo participan activamente apretando el botón de votar.
Si dejamos a un lado la aprobación de las cuentas anuales, estamos ante un Parlamento que desde el año 2007 sólo aprobó una ley de nueva planta. Pese al gran contenido normativo que tenían los pactos del PSOE e IU, la realidad es que tenemos una Cámara legislativa que no legisla. Ni debate sobre los asuntos importantes. En los últimos nueve años sólo discutió en profundidad sobre un expediente industrial. El Parlamento asturiano reside en el palacio de la antigua Diputación Provincial, y tal parece que la función histórica puede más que el mandato democrático.
Hace unos días, desde la oposición se reclamó que el presidente del Principado compareciera semanalmente en la Junta. Por desgracia, el grupo socialista no ve con buenos ojos la iniciativa. Dadas las circunstancias por las que atraviesa la Junta, creo que es una forma de rescatar a la Cámara, porque más allá de garantizar el control de la acción del Ejecutivo resulta un salvavidas para el Parlamento al darle la oportunidad de reconciliarse con la realidad de la política diaria.