La huelga general convocada en las cuencas mineras por los sindicatos del carbón ha sido respaldada sin fisuras por toda la población laboral. El éxito de la convocatoria muestra que la gente está con los mineros y no los dejará solos en su pulso con el Gobierno de España. Comercios y bares saben que sus actividades dependen del mantenimiento de las explotaciones del carbón, así que el seguimiento del paro se convierte en autodefensa del negocio. La reivindicación de sindicatos de rama o sector da paso a la lucha de un territorio por mantener su sistema de vida.

Tras la huelga general, la siguiente iniciativa sindical es la organización de una “marcha negra” a Madrid. De esa manera se mantiene la tensión con el Gobierno. En la década de los años noventa del siglo pasado, mineros y siderúrgicos realizaron marchas, “negra” y de “hierro”, respectivamente, en defensa de sus propuestas, que culminaron con éxito. Desde Asturias, Castilla y León, y Aragón, caminarán los mineros hacia la capital. A corto plazo no se adivina una solución al problema, porque la fachada del conflicto le sirve a Rajoy para dar a entender a la Unión Europea que se mantiene firme en su política de ajuste pese a la presión de los trabajadores. En el argot de Bruselas a eso se le llama ser un “gobernante serio”. Pese a las dificultades, los sindicatos aseguran que no van a ceder, porque detrás de la claudicación está el cierre de las minas y el declive de las cuencas.

Estamos en la fase del “choque de trenes”, pero la estrategia del enfrentamiento tiene que dar paso a algún tipo de acuerdo. Cuando la controversia laboral se produce entre un empresario privado y un colectivo de trabajadores el margen de negociación es mucho más reducido del que existe cuando el conflicto se produce entre el Gobierno y un sector laboral entero. Las ayudas al carbón son una ínfima parte de la subvención global a la generación eléctrica. El ministro de Industria puede ofrecer a la Comisión Europea un montante de ayudas a la producción eléctrica más reducido que el actual, pero con 150 millones de euros adicionales para el carbón. Estamos ante una cuestión de voluntad política. El PP asturiano debería interceder ante el Gobierno, porque la defensa de las explotaciones del carbón y el apoyo a los sindicatos mineros ha sido el núcleo duro de su discurso en los últimos veinte años.