La última crisis de la Justicia española se ha cerrado con la dimisión de Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tras abandonar su responsabilidad institucional, Carlos Dívar dijo que no tenía conciencia de haber hecho nada malo, pero que renunciaba a sus cargos porque la situación en el CGPJ era insostenible. Es probable que el alto magistrado sea sincero y considere que tenía todo el derecho del mundo a pasar 32 largos fines de semana a cargo de las arcas del CGPJ. A cualquiera de nosotros nos resulta muy fácil, casi instintivo, distinguir entre gastos públicos y gastos privados, porque de los primeros no tenemos ocasión ni tentación de beneficiarnos, mientras que los segundos nos acompañan a diario. Cuando se es una destacada dignidad del Estado, comidas, cenas y hoteles son, con frecuencia, un ingrediente de la jornada de trabajo, de modo que contabilizar como público lo que es privado es cuestión de escrúpulo o sensibilidad. Cualquier presidente del Gobierno, del Congreso de los Diputados o del CGPJ come en restaurantes a cuenta del Estado, y no creo que tenga un asistente encargado de distinguir si una determinada comida estaba estrictamente vinculada al cargo o se trataba de un rutinario ejercicio de reposición de fuerzas de índole privado.

Dívar dijo que no tenía conciencia de haber actuado mal porque en las alturas del poder estatal la conciencia es una facultad superflua. El ex presidente se gastó 28.000 euros. ¿Cuántas veces el Estado se gasta esa cantidad en actividades que nada tienen que ver con el interés general de la sociedad?

Varios miembros del CGPJ dijeron que esperaban el inicio de una etapa de regeneración y transparencia en el órgano de gobierno de los jueces. Lo dudo. El “caso Dívar” sirvió de test sobre el funcionamiento de la Justicia. El Fiscal General del Estado archivó la denuncia realizada por el miembro del CGPJ, José Manuel Gómez Benítez. Dentro del CGPJ, cinco vocales pidieron la dimisión de Dívar y otros siete la dimisión de José Manuel Gómez Benítez por haber presentado la denuncia. Cuando el asunto llegó al Tribunal Supremo, por una mayoría de ocho magistrados contra cuatro, el máximo tribunal de la Nación no apreció indicios penales. ¿Si el Tribunal Supremo, el CGPJ y la Fiscalía están de acuerdo con Dívar, por qué va haber regeneración?