El Gobierno lamenta la legalización de Sortu y pide que Otegi cumpla íntegramente su condena. El sucedáneo de Batasuna fue legalizado por el Tribunal Constitucional (TC), en una de esas votaciones ajustadas (siete magistrados contra seis) a las que nos tiene acostumbrados para las cuestiones transcendentes, desde la histórica convalidación de la nacionalización de Rumasa. Los egregios magistrados se tomaron en serio la condena del terrorismo incluida en los estatutos de Sortu, aunque en el mismo texto se recuerda que no es la única violencia existente en el País Vasco. La manida monserga de Batasuna: ETA reacciona ante la violencia del Estado invasor. Muerto por muerto, torturado por torturado. El TC quiere prevenir el futuro ejercicio de apología del terrorismo y fija en la sentencia límites a los militantes de Sortu: no podrán equiparar las víctimas del terrorismo a los muertos de ETA. Hay que estar muy familiarizado con los argumentos y sentencias del TC para no quedar perplejo ante una propuesta semejante. Así que ante un grupo tan dudosamente democrático como Sortu, lo que debe hacer un tribunal no es analizar con sumo celo las conductas y las manifestaciones de sus miembros, sino fijar pautas de comportamiento, con vistas a una ilegalización a posteriori.

La resolución del TS ha sido avalada por los partidos de izquierda y los nacionalistas. El conjunto de grupos que aplaude la legalización de Sortu responde, en el fondo, a un sentimiento que tiene una parte de la sociedad: el anuncio del cese definitivo de la violencia por parte de ETA obliga a hacer concesiones. Amaiur, Sortu o el cambio de la política penitenciaria serían los primeros pasos de un proceso que concluiría con los terroristas encarcelados en la calle. Una estrategia que responde a una lógica: cuando el enemigo saca bandera blanca no tiene sentido mantener la misma política beligerante.

Frente a esa tesis cabe recordar que ETA no se disolvió ni entregó las armas. El pasado 27 de mayo, era detenido en Francia el máximo jefe del aparato militar de la banda, Oroitz Gurrutxaga Gogaza, cuando acudía armado a una cita con terroristas. Hay principios éticos que no puede contradecir el Estado. Cuando se cumplen 25 años del atentado de Hipercor, los movimientos tácticos de los nacionalistas radicales no deberían engañar al TC ni dejar a la sociedad sin memoria.