El Principado estudia un conjunto de medidas para reducir el déficit en 498 millones de euros. Unas propuestas consisten en contar con más ingresos y otras en reducir gastos. Por la vía de los ingresos se plantea la venta de edificios públicos, elevar al máximo el Impuesto autonómico de Hidrocarburos y aumentar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). La enajenación de inmuebles es una medida socialmente indolora, pero en la actualidad es muy difícil vender pisos o edificios, a no ser que se les ponga un precio simbólico. El Principado ya aplica el recargo del llamado “céntimo sanitario” sobre la gasolina y el gasoil; la idea de elevarlo al máximo que contempla la ley supone alrededor de 2 céntimos más por cada litro, con lo que se podrá recaudar de 15 a 20 millones de euros, lo que representa un 3% o 4% de los recursos que se precisan para hacer el ajuste. Poco dinero, pero no es desdeñable.

Por último, el aumento del IRPF a las rentas altas es una propuesta clásica de la izquierda que debe evaluarse. Zapatero subió el IRPF en la pasada legislatura y Rajoy lo volvió a elevar al empezar este mandato. Por el medio, Areces aumentó el gravamen para las rentas que superaban los 90.000 euros anuales. Tres subidas en tres años. Si se eleva ahora para las rentas muy altas (por encima de los 100.000 euros) el incremento de recaudación es pequeño. IU, aliado tradicional del PSOE en todo lo que a subidas de impuestos directos se refiere, está muy satisfecha con la medida aprobada en Andalucía de subir el gravamen a las rentas superiores a los 60.000 euros. Sólo hay un 4% de contribuyentes que ganan dinero por encima de esa cantidad, pero representan el 40% de la recaudación. Desde una perspectiva hacendística es una propuesta interesante, pero política y socialmente crearía muchas tensiones.

La rebaja de gastos se concreta en reducir la masa salarial de los funcionarios y en disminuir el tamaño del sector público. Se puede aligerar la masa salarial prescindiendo de los funcionarios interinos o rebajando el sueldo a todos los funcionarios. La primera es una medida traumática y la segunda provoca malestar generalizado. No es una elección fácil. Esperanza Aguirre optó por la segunda, aunque justo es decir que goza de mayoría absoluta en la Cámara madrileña. En cuanto al cierre o fusión de empresas públicas es una vía que está sin explorar.