En vísperas de debatir en Madrid el plan de ajuste del Gobierno regional, conocemos un dato definitivo sobre las cuentas del Principado: en los cinco primeros meses del año, Asturias fue la comunidad autónoma en que hubo un mayor descenso de la recaudación fiscal. En ese periodo de tiempo, Hacienda ha ingresado un 18,5% (200 millones) menos que en 2011, un ejercicio en el que la recaudación ya había sufrido una importante merma con respecto a los años anteriores. El tributo que aporta más ingresos, el IRPF, conoció una disminución del 2,4%, pese a que Rajoy lo había elevado antes de acabar 2011; el segundo tributo que da más recursos, el IVA, registró un descenso en la recaudación del 14,8%; y los Impuestos Especiales (alcohol, hidrocarburos y tabaco), tercera figura fiscal en suministrar fondos a la Administración, cosechó una disminución del 17,5% en comparación con el año precedente. En el conjunto de las comunidades autónomas la recaudación fiscal desciende un 5% y en Asturias baja casi cuatro veces más. En un análisis de coyuntura, podríamos decir que la debilidad de la Hacienda es un rasgo diferencial de Asturias.
No hace falta que Merkel nos señale con el dedo ni que Rajoy nos conmine a tomar medidas de recorte para que el Principado acomode sus perspectivas de gasto a la realidad de la disminución de ingresos. La esperada subida del IVA y de los Impuestos Especiales, que presumiblemente acometerá el Gobierno central, no va a tener una gran incidencia en nuestra región, porque las tarifas más altas quedarán compensadas con la disminución del consumo. Si el IVA perdió el 15% en los primeros meses, da miedo pensar lo que ocurrirá cuando muchos bienes sufran un recargo de 10 puntos porcentuales (del 8% al 18%) en su precio de venta al público.
Hay que subir algunos impuestos, pero sólo una mente ingenua o cegada por la ideología puede creer que elevando fuertemente los tipos impositivos se recuperan los recursos perdidos por la Hacienda en cuatro ejercicios de profunda crisis económica. Mejor antes que después habrá que acomodar el gasto público a la realidad del empobrecimiento colectivo, un fenómeno que casi no conoce excepciones, y golpea directamente a la recaudación. Las previsiones de ingresos fiscales tienen que dejar de ser el comodín con el que se tapan ficticiamente los agujeros presupuestarios.