La Junta General del Principado está desconocida, al trocar el tradicional plan de ocio y molicie del mes de julio por una febril actividad parlamentaria, que comportará tres plenos extraordinarios. En el presente mes se debatirá sobre el conflicto de la minería, el plan de ajuste fiscal y la petición de un crédito extraordinario de 423 millones de euros, así como de los programas de gobierno que expondrán los consejeros de Javier Fernández. En julio quedarán también constituidas dos comisiones exigidas por UPyD a los socialistas a cambio de dar el apoyo a la investidura presidencial, consistentes en la investigación del “caso Renedo” y la reforma de la ley electoral. El Parlamento va a abordar en un mes tantos asuntos como antes trataba en un semestre. Bienvenido sea el cambio de sistema de trabajo para elevar los bajísimos índices de productividad que hasta ahora caracterizaban a la Junta.
En su momento comentaremos los asuntos extraordinarios que hay en la agenda, pero ahora toca hablar de la constitución de las comisiones parlamentarias. Ni la investigación parlamentaria del “caso Renedo” ni la reforma electoral constituyen motivos de urgencia en la vida pública asturiana. Aparecen como prioridades de la Junta porque UPyD consideró que eran los temas estrella para este mandato, y Javier Fernández aceptó tras delimitar cuidadosamente su contenido como consta en el documento pactado por PSOE y UPyD. El “caso Renedo” llegó a conocimiento de la opinión pública por la investigación de una juez y ahora está el sumario en manos de otro juez que ya tiene imputados a un variado grupo de empresarios, políticos y funcionarios. Abrir ahora una investigación parlamentaria es una iniciativa extemporánea, aunque esté fundada con las mejores intenciones. Las consecuencias políticas del “caso Renedo” ya se sustanciaron en las urnas, y ahora hace falta que se depuren las responsabilidades penales, cosa que debe hacer el juez y no está en las manos de los diputados. Con la comparecencia de algún político destacado se cruzarán frases impactantes y, al final, todo quedará en retórica y pérdida de tiempo.
La reforma electoral para acabar con el absurdo de las tres circunscripciones es una acertada propuesta, pero no es preciso discutirla en los primeros meses del mandato. Hasta los más despistados saben qué es lo urgente.