Los alcaldes reciben resignados los recortes del Gobierno. Apoyan a los funcionarios en la protesta contra la bajada de sueldos y son conscientes que la reducción del número de concejales es una decisión irreversible. La esperanza de los regidores está en la nueva Ley de Bases de Régimen Local, donde deben quedar bien delimitadas las competencias de los ayuntamientos, lo que les puede liberar de financiar servicios que corresponden a otras administraciones.

Los ayuntamientos se ven como el pariente pobre de la Administración española. Zapatero les prometió negociar un modelo de financiación local, como hizo con las comunidades autónomas, pero en el verano de 2009 cambió de parecer, amparado en la crisis económica. En mayo de 2010, redujo su margen de autonomía, al impedirles endeudarse, aunque luego rectificó al permitir que acudieran al crédito los que tenían las cuentas más saneadas. Sin embargo, la posibilidad de endeudarse para financiar gasto corriente les quedó vedada. Con una normativa restrictiva y la caída en picado del sector de la construcción las economías municipales rozan al colapso. Si este no se produjo todavía fue por dos medidas extraordinarias, la una tomada por Zapatero y la otra por Rajoy. El presidente socialista puso en marcha el llamado, “Plan E”, que financió con 8.000 millones de euros las obras de los consistorios. Posteriormente, repitió la iniciativa con otros 5.000 millones, y así bajó el paro por unos meses y se remodelaron las calles y plazas de pueblos y ciudades. En la primavera pasada, el presidente Rajoy puso en marcha el plan de pago a proveedores, y las corporaciones municipales pudieron saldar las deudas que tenían ocultas en los cajones. Zapatero les hizo las obras y Rajoy les pagó las deudas. De esa manera llegaron al presente.

Con el gran ajuste de Rajoy los ayuntamientos no salen damnificados. La bajada de sueldos a los funcionarios les favorece porque supone un ahorro de recursos que destinarán a financiar otras actividades. El Gobierno asume el coste de una medida impopular que beneficia a comunidades autónomas y ayuntamientos. En cuanto al recorte del 30% en el número de concejales no pueden decir nada en contra, ya que el ambiente social en España es tan contrario a la casta política que un ERE radical de concejales o diputados sería recibido con una estruendosa ovación.